“Estamos enojados porque nos vieron la cara. Las instituciones jugaron con nosotros”. Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 desaparecidos.
Uno de los más graves problemas que tiene México es la desaparición involuntaria de las personas. Según el reporte de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada existen más 95,000 personas desaparecidas en nuestro país, aunado a los 52,000 cuerpos de personas fallecidas no identificadas en distintas fosas clandestinas alrededor del territorio nacional. El dolor de cada una de los conocidos, amigos y familiares de estas casi 100 mil personas desaparecidas cala en los huesos de todas y todos los mexicanos, más allá de lo mediático de cada uno de los casos.
Sin duda alguna, el acontecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero es el más emblemático por lo que representa para el gobierno mexicano (en el periodo de Peña Nieto y para el actual), por sus significantes para toda la sociedad y por su narrativa inconclusa. La información que conocemos es que la noche del 26 de septiembre de 2014, un autobús proveniente de Iguala viajaba a la Ciudad de México para asistir a la marcha estudiantil del 2 de octubre y que este jamás llegaría a su destino, pues habían sido secuestrados los cuarenta y tres estudiantes.
Este lamentable hecho sacudió a la sociedad mexicana, a la comunidad internacional y a todo el gobierno peñanietista, significando el problema más grave en su administración y la corrosión de legitimidad en materia de seguridad. Ante esto, uno de los primeros compromisos del actual presidente, López Obrador, fue la obligación con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa creando la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia y la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa y dando la instrucción de colaboración por parte de las instituciones de gobierno involucradas con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH, integrado por Ángela Buitrago, de Colombia, Carlos Beristain, de España, Francisco Cox, de Chile, Claudia Paz, de Guatemala.
Este tercer informe del GIEI ha dejado más dudas que certezas y vuelve a sacudir a la sociedad y al Estado mexicano, pues desvela la podredumbre en la institución que más respetamos los mexicanos, la Marina y el Ejército (Inegi, 2020). Dicho reporte muestra la opacidad en el proceso de investigación (paralelo al del GIEI), obstaculización de información, tortura a testigos, contaminación y desvío de evidencia, desarticulación con autoridades estatales y municipales, y lo más grave, siembra de pruebas falsas para la construcción de una narrativa alterna, la llamada “verdad histórica”.
A casi 8 años de aquel desgarrador suceso, Ayotzinapa recorre el país como un temible fantasma. El espectro tangible de la debilidad institucional mexicana, el halo de injusticia a lo largo y ancho del país, la impotencia de no tener respuestas ¿qué es lo que se oculta?, el -ya habitual- montaje por parte de las autoridades… México, gobierno y sociedad en su conjunto, debemos poner fin a la gran problemática de las desapariciones. Involucrar -con transparencia- a las autoridades de los distintos niveles de gobierno, asegurarles a las víctimas el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Ayotzinapa nunca más.
POR ADRIANA SARUR
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