Desde el año 2000 hasta la fecha se han documentado 150 asesinatos de periodistas en nuestro país (al escribir esto, me entero del asesinato de Marco Ernesto Islas Flores en Tijuana). La Secretaría de Gobernación reconoció recientemente que la tasa de impunidad de las agresiones contra periodistas es de 90 por ciento.
Las agresiones contra periodistas son también vulneraciones a las libertades de imprenta, de expresión y el derecho a la información; en la última década se han realizado algunas reformas importantes para atender este flagelo, pero el problema va mucho más allá de prescripciones legislativas, ha trascendido sexenios.
En el contexto de indignación que a todas y todos nos generan esas agresiones, en semanas recientes se ha reavivado el debate público en torno a las críticas del actual gobierno hacia algunos sectores de la prensa; la polémica ha resurgido a partir del impacto mediático de los tres asesinatos de periodistas cometidos en el primer mes del año, así como de las opiniones del Presidente López Obrador respecto de la labor de Carmen Aristegui.
Soy un convencido de que el debate público y la pluralidad de opiniones son sanos y enriquecedores para la democracia, como también lo son las libertades de imprenta y de expresión, sin embargo, también creo que las y los periodistas deben tener el compromiso ético de ejercerlas con responsabilidad. Lamentablemente no siempre es así, es claro que muchos periodistas se olvidan de esa responsabilidad social y se alinean con intereses políticos, económicos o de otras índoles y al decir esto no pretendo menoscabar la labor periodística, mucho menos justificar las agresiones en forma alguna; mi única pretensión es no caer en la ingenuidad, la mala praxis periodística es tan real, tan vigente y tan amplia, que expresiones como chayote y fake news nos resultan cada vez más familiares y cotidianas.
Queda en cada periodista y en cada medio el grado de compromiso ético con el que ejercen sus libertades de expresión y de imprenta, pero, en mi opinión, cualquier persona que tenga elementos para señalar que una noticia es falsa o imprecisa tiene también el derecho de expresarlo públicamente y al hacerlo no necesariamente atenta contra la labor periodística ni fomenta que un periodista sea agredido; ese derecho de réplica lo tiene también la persona que ocupe la Presidencia de la República, simpaticemos con él o no.
Por eso, no coincido con quienes consideran que la sección “Quién es Quién” de las conferencias de Palacio Nacional es un despropósito, AMLO tiene, como cualquier persona, el derecho de refutar una noticia que considera o tiene elementos para señalar como falsa o imprecisa. Ello no implica necesariamente abusar de la investidura presidencial porque, en primer lugar, él tiene relevancia mediática desde mucho antes de ser Presidente y en segundo lugar, esa relevancia no es impedimento legal ni ético para rebatir una nota, reportaje o columna.
Puede ser que a muchos no les guste su estilo franco y alejado de la corrección política y mediática, eso es comprensible y válido, pero acusarlo de propiciar la violencia contra periodistas por desmentir noticias que considera falsas es francamente desproporcionado e implica pensar que el Presidente, por el solo hecho de serlo, no tiene derecho a alzar la voz y sí la obligación de apechugar ante lo que se diga o escriba sin importar su veracidad, o que tiene una especie de deber moral de no dar respuesta a las mentiras de un sector de la prensa y de una oposición que, además de mentir, lo difama e insulta constantemente.
La madurez democrática se logra ejerciendo la democracia y sus libertades, sigamos, pues, ejerciéndolas y aprendamos a hacerlo con responsabilidad y tolerancia, sólo así el debate público será constructivo y no lo que hoy es, una guerra de lodo.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO DEL TRABAJO
@BENJAMINROBLESM
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