Tras el primer foro del parlamento abierto para la reforma eléctrica que se realiza en la Cámara de Diputados he reafirmado mi convicción sobre la necesidad de aprobar la iniciativa enviada al Congreso por el Presidente López Obrador.
Y es que me resultan incongruentes los dichos de las y los ponentes que pretendieron hablar en contra de la reforma sin percatarse de las contradicciones de sus argumentos; defendieron el modelo económico impuesto por la reforma energética de Peña Nieto (que no debemos olvidar fue impulsada para beneficiar a la corrupta Odebrecht y lograda a punta de sobornos y corruptelas entre el gobierno de Peña Nieto y legisladores del PRI y el PAN) al tiempo que criticaron la forma en que hoy opera la CFE, pero resulta que esa forma de operar fue impuesta precisamente por la reforma de Peña Nieto que tanto defendieron.
Igualmente tramposo me pareció su reiterado argumento de que el centro de la reforma no debería ser quiénes producen la energía, sino los consumidores finales que deberían ser los beneficiados por una reforma que les garantice menores costos.
Ciertamente esa es una verdad de Perogrullo, pero sostengo que el argumento es tramposo porque aunque efectivamente los consumidores finales deben ser los más beneficiados, precisamente el modelo de participación de las empresas privadas en la industria eléctrica nacional, ventajoso para ellas y desventajoso para la CFE, es la raíz de los costos de las tarifas eléctricas, así que pretender separar a los actores y las reglas del juego como si no fueran factores determinantes para la determinación de las tarifas es francamente un despropósito.
El otro argumento falaz es el relativo al tema ambiental. Y es que estos ponentes parecían obstinados en hacer parecer que la CFE únicamente produce y planea seguir produciendo energías sucias, mientras que las empresas privadas sólo producen energías limpias. En primer lugar, ese argumento les fue rebatido por otro ponente que aclaró que muchas empresas privadas que supuestamente producen energías limpias utilizan combustibles fósiles en la operación de sus plantas.
En segundo lugar, extrañamente nada dijeron sobre el hecho de que la iniciativa presidencial eleva a rango constitucional la transición energética; es decir, establece el abandono de los combustibles fósiles y el cambio a energías limpias como una obligación del Estado mexicano, sólo que lo hace de manera paulatina, conforme a los avances en el mundo. No es culpa de CFE ni de Pemex que las finanzas del mundo sigan petrolizadas y pretender que México cambie a las energías limpias de golpe es una locura, por decir lo menos.
Seguramente sus posturas tienen que ver con su perfil profesional y por eso propugnan por mantener un esquema ventajoso para los particulares, pero en contraste, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desentrañó brillantemente la manera en que se desmanteló a la CFE en varias subsidiarias sometidas a decisiones externas, sin capacidad de planeación ni rectoría sobre el sistema eléctrico nacional.
Tal y como lo señaló en su intervención, la iniciativa del Presidente López Obrador es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza energía eléctrica y el internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
No podría es estar más de acuerdo con ella. Devolverle al Estado la rectoría de la industria eléctrica a través de la CFE no significa, como insisten en hacerlo ver, cerrar el paso a la participación de los particulares, por el contrario, la iniciativa establece la obligación de CFE de comprarle a ellos casi la mitad de la electricidad que se distribuya a los consumidores. Lo que en realidad sucede, es que se niegan a dejar de repartirse la riqueza nacional como si fuera un botín.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO DEL TRABAJO
@BENJAMINROBLESM
MAAZ