La siguiente es una historia horrorosa de discriminación.
El sábado pasado acudí a la sucursal Tacubaya de Coppel, una de las más grandes de la cadena.
Mi objetivo era hacer un envío de dinero a un ciudadano extranjero que se encontraba varado en Tapachula, Chiapas, y que había entrado originalmente de manera ilegal a México, pero que días antes había recibido una Visa Humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración.
El envío no era muy cuantioso. Se trataba de una ayuda para que librara unos días en medio del calvario que vivió en México para conseguir dicho visado (primero lo querían deportar).
A Coppel tuve que acudir dos veces. En la primera ocasión me recibieron el dinero, registraron mis huellas dactilares y fui informado que la persona podría hacer el retiro del dinero en la sucursal de Tapachula únicamente con su identificación, sin importar su estatus migratorio ni su condición de extranjero.
Confié. Minutos más tarde informé a la persona que su dinero estaba disponible. El envío había ocurrido a través de una remesadora, me informaron los empleados de Coppel. Hasta ahí todo bien.
Pero una hora más tarde, la persona en Tapachula me escribió para informarme que en la sucursal de Coppel en esa ciudad no le querían dar el dinero porque sólo le pueden dar este servicio a los mexicanos.
Le orienté para que insistiera, y lo hizo, pero las negativas continuaron.
Acudí por segunda vez a Coppel Tacubaya, a explicar el caso. Me dijeron que la versión era inverosímil, porque a Coppel no le importaba de dónde era la persona.
Incluso me relataron que, minutos antes, le habían pagado 40 mil pesos a un alemán que acudió a recibir una transferencia. Insistí que investigaran, así que accedieron a llamar a Tapachula.
Incrédulos, los empleados de Tacubaya me explicaron que, efectivamente, el dinero que yo envié no le sería entregado a la persona en Chiapas, a pesar de la política de la empresa.
“Seguramente es una nueva disposición que todas las sucursales tendremos que adoptar”, me explicó la gerente, al decirme que estos cambios en políticas inician en unas cuantas sucursales y luego se extienden a toda la cadena en el país.
Que un extranjero en situación migratoria vulnerable (o un turista que perdió tarjetas o al que le robaron el dinero) no pueda recibir una transferencia de dinero para ayudarle a pasar unos días, es gravísimo, y me parece que es ilegal.
Si esta política la estableció la empresa de Agustín Coppel, es descorazonador. Pero si recibió una orden del Gobierno para hacerlo así, es absolutamente detestable.
Coppel me devolvió el dinero asentando en su sistema que “el cliente cambió de opinión”.
Mentira. El caso lo resolví enviando el dinero a un cuentahabiente mexicano de BBVA, en quien tuvimos que confiar para que lo entregara al extranjero.
POR CARLOS MOTA
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