Desde hace rato que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae en la mira al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero ahora, el caso de Loret de Mola le acerca la lumbre a los aparejos como en ningún otro momento. Fue el propio mandatario el que “aprovechó” el momento, luego de que el pasado viernes el INAI se dijo “atento” a la denuncia que se pudiera presentar, “por haberse revelado datos relacionados con los supuestos ingresos que percibe una persona física por su labor periodística”.
AMLO dio su revire ayer en la mañanera (al INAI y a quienes le reclamamos dar a conocer esos datos). Volvió a mostrar en pantalla los supuestos ingresos de Loret y advirtió: “Y voy a pedir al instituto de la transparencia…, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas, y ver si es cierto y transparentar esto”. La periodista que le preguntó sobre el tema le indicó que Loret no era servidor público y por tanto no tendría por qué informar de ello el instituto.
AMLO adujo en contrario algo de llamar la atención: “¡No! Todos estos medios tienen que ver con lo público, todos; son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado. Y es importante también el debate sobre esto, a ver qué nos dicen, no nos adelantemos”.
¿Hay algo de razón en lo que alega el jefe del Ejecutivo? Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI, experto en derechos humanos y libertad de expresión, ha expuesto en diversos foros académicos que el INAI hace que las autoridades y las dependencias entreguen la información pública.
Y respecto de particulares, sólo si hubieran recibido directamente dinero del gobierno. (En el caso de Loret, según mostró el propio Presidente, el dinero que asegura recibió el periodista proviene de empresas privadas). En cuanto a si el hecho de tener concesiones del Estado obliga a esas empresas a dar a conocer los datos en cuestión, el académico ha sostenido lo siguiente:
—Las concesiones en estos casos no operan mediante contraprestación económica. Y más que concesión, las empresas periodísticas o de noticias reciben la autorización correspondiente (como los hospitales privados) para ejercer. La autorización o licencia la pueden perder los concesionarios si incurren en actos delictivos, pero no tienen por qué exhibir lo que pagan a sus colaboradores. Se rigen bajo el canon de empresas en el libre mercado, asienta Acuña Llamas. Es una opinión. Falta ver qué otras voces se suman en uno u otro sentido. Pero no cabe duda de que, en este caso, el INAI estará bajo fuego presidencial.
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POR MARTHA ANAYA
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