En medio de un periodo difícil para los órganos impartidores de justicia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se suma a las agresiones al Estado de Derecho y admite públicamente que no le interesa el cumplimiento de la ley. En las últimas semanas, distintas organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Mexicanos Primero) han anunciado victorias en tribunales a través del otorgamiento de suspensiones, sólo para que la SEP manifieste, mediante la publicación de “tarjetas informativas”, que no tiene intención de cumplir con dichas órdenes judiciales.
La más reciente, mediante la cual un Juez de Distrito ordenó la suspensión del “piloteo” del nuevo Plan de Estudios en este ciclo escolar, se suma a la que anunciamos desde Mexicanos Primero hace un par de semanas respecto de la restauración de las Escuelas de Tiempo Completo.
En estas “tarjetas informativas”, la SEP adelanta que “apelará” las determinaciones de las y los jueces, cosa que es completamente normal y para lo cual está completamente en su derecho. Sin embargo, lo grave es que da a entender que no tiene ninguna intención de cumplir con las suspensiones, porque tanto el programa “La Escuela es Nuestra”, materia de nuestro amparo, como la implementación del piloto del Plan de Estudios, dicen, seguirán operando con normalidad.
En la más reciente de estas tarjetas, textualmente señala: “en tanto continúa el proceso legal, la SEP seguirá (con) la implementación del Programa Piloto (…)”. Es decir, la suspensión otorgada por el Juez, a pesar de que expresamente ordena no implementar el piloto hasta no estudiar el fondo del asunto, la tiene sin cuidado.
Ninguna apelación o recurso detiene los efectos de una suspensión; de lo contrario, una medida cautelar que pretende detener daños irreparables no tendría sentido. Además, el incumplimiento de una suspensión es un delito sancionado por la Ley de Amparo de manera expresa, cuya pena va de los tres a los nueve años de prisión; multa de 50 a 500 días; y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para el funcionario que resultara responsable.
Ante una actitud tan cínica y expresamente contraria al Estado de Derecho de la autoridad, como defensores de derechos humanos nos toca hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer valer las suspensiones obtenidas. No suele ser común que las autoridades lleguen al extremo de un incumplimiento que amerite la separación del cargo y la consignación ante el Ministerio Público. Sin embargo, esta posibilidad no debe ser descartada dada la gravedad de las violaciones cometidas. Por lo pronto, nosotros seguiremos luchando, como lo hemos hecho todo el año.
POR FERNANDO ALCÁZAR IBARRA
*Director de Judicialización en Mexicanos Primero
@feralc23
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