La revelación de expedientes y documentos sensibles que comprometen al Ejército y revelan el estado real de salud del presidente, ha puesto en evidencia mucho más que la fragilidad de sistemas informáticos no debidamente protegidos contra ataques cibernéticos.
En los hechos, el hackeo al servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional revela el desastre que ha significado la política de austeridad republicana, que no es otra cosa que la cancelación de fideicomisos, el uso indebido del fondo de estabilización y el desvío de recursos para obras que solo satisfacen caprichos presidenciales.
La austeridad ha provocado una gran fragilidad institucional, justo en momentos en los que es indispensable recuperar territorios de manos de la delincuencia organizada, destinar recursos para la recuperación económica, fortalecer el sistema de salud y apoyar de forma decidida a las familias mexicanas.
La sucesiva relevación de información delicada, ha comenzado con la noticia de que el presidente López Obrador está enfermo. La salud presidencial debería ser un asunto de la más alta prioridad, toda vez que México es de los países de América que carece de la institución de la vicepresidencia, por lo que el relevo presidencial puede crear una crisis temporal y un vacío de poder, toda vez que la persona que ocuparía la silla presidencial no fue electa popularmente.
El hecho de que el presidente padezca angina inestable de riesgo alto no es menor, porque pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del Estado. Esa información sensible se trató de ocultar por todos los medios posibles, pero tarde o temprano la verdad sale a flote.
Desde el año 2020 propuse una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que el presidente de la República, gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado y titulares de órganos descentralizados den a conocer públicamente su estado de salud físico y mental. Esta iniciativa, que ni siquiera ha sido valorada y analizada, es hoy de crucial importancia para tener la certeza de que las personas que conducen los destinos de la nación son por completo aptas y competentes para gobernar.
Las y los mexicanos tenemos el derecho a saber si las mentiras presidenciales, los otros datos, las erróneas decisiones de política pública y la constante agresividad mostrada desde las mañaneras son consecuencia de graves problemas de salud física o mental, o son parte de una estrategias que, de manera perversa está llevando a la destrucción de las instituciones, a la ruptura del pacto federal y a la violación sistemática de nuestra Constitución mediante reiterados intentos de fraude, como lo ha sido la reciente propuesta de militarizar la seguridad pública.
POR SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en el Senado de la República
Twitter: @GinaCruzBC
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