El 20 de julio, después de la visita del presidente López Obrador a Washington, EU solicitó consultas con México, al amparo del capítulo 31 del T-MEC, sobre las políticas energéticas de nuestro gobierno consideradas violatorias del Tratado.
Transcurrieron los 75 días de intercambios confidenciales que marca el T-MEC. Y en la fecha límite, el 6 de octubre, renunció Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía. Durante el periodo se avanzó en dos de las cuatro demandas presentadas por EU: el 6 de septiembre un juez de la Suprema Corte suspendió la orden de la Sener que obligaba a las empresas privadas a comprar gas natural de Pemex o CFE. El 29 de septiembre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) liberó más de 150 permisos para gasolineras. Así se satisfizo parcialmente otra de las demandas de EU.
Dichos actos, aunados a una posible negociación política en materia de migración, centrada en la devolución de venezolanos a México que cruzaron la frontera con EU de manera irregular, contribuyeron a que el gobierno de EU decidiera continuar con las conversaciones y no solicitar, en este momento, el establecimiento de un Panel de arbitraje o convocar a la Comisión de libre comercio para buscar una mediación.
Es decir, las negociaciones continúan, pero EU NO ha renunciado al derecho de convocar a un Panel, si los asuntos planteados no se resuelven. El gobierno de México ganó tiempo con base en un trabajo técnico serio y consistente por parte de la Secretaría de Economía.
Si la SRE negoció políticamente la posposición de la solicitud del panel a cambio de concesiones en materia migratoria, sería motivo de otro análisis. México estaría cayendo en la trampa que nos tendió la administración Trump de vincular la imposición de aranceles a cambio de concesiones migratorias, como la ampliación del programa Quédate en México, aceptado por Marcelo Ebrard, en noviembre de 2018.
El presidente López Obrador decidió, a la mitad del río, cambiar de caballo y jinete para continuar las negociaciones.
El nuevo subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, es talentoso y conocedor del capítulo 23 y el Protocolo Modificatorio del T-MEC que establece un Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral, orientado a resolver cualquier disputa en esta materia, como la negociación y adjudicación de contratos colectivos de trabajo.
Las empresas estadounidenses y canadienses que se consideran afectadas por la política energética de México también han presentado solicitudes de arbitraje internacional en contra del Estado mexicano, al amparo del capítulo 14 del T-MEC. Según algunas fuentes, al 31 de diciembre de 2021, México tenía en curso 38 demandas de inversionistas al amparo del TLCAN, T-MEC, y otros acuerdos bilaterales de protección de inversiones, que invocaban la violación a la cláusula del “trato justo y equitativo”.
POR MARTHA BÁRCENA COQUI
EMBAJADORA EMINENTE
MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM
@MARTHA_BARCENA
MBL
