El estallido que acabó con la vida de Pablo Ríos Buenrostro, un jornalero de 15 años que cortaba limones para sostener a su familia, no sólo expuso la violencia enquistada en Michoacán, sino también la indiferencia del Estado. Su madre, Mayra Buenrostro, ahora pide asilo en Estados Unidos, no sólo por miedo, sino porque sabe que el asesinato de su hijo quedará impune.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rápidamente se lavó las manos. Dijo que no fijaría postura, mientras que la Fiscalía de Michoacán, en lugar de esclarecer el crimen, insinuó que el menor y otro hombre que también murió en la explosión podían estar relacionados con el crimen organizado. Un discurso calcado de otras masacres donde el gobierno prefiere criminalizar a las víctimas antes que investigar a los responsables.
Seguridad estatal también se sumó a la narrativa oficial. Juan Carlos Oseguera Cortés aseguró que había líneas de investigación que indicaban que las víctimas no eran agricultores, sino delincuentes. La madre de Pablo lo ha desmentido categóricamente: su hijo sólo trabajaba para sobrevivir.
El uso de minas explosivas en Michoacán y Jalisco no es nuevo. Desde 2022, estos artefactos caseros han cobrado la vida de al menos 10 militares y cuatro civiles, además de dejar a más de 30 personas heridas. El gobernador michoacano anunció hace un año la creación de un grupo antibombas. No ha habido resultados.
La madre de Pablo, además de exigir justicia, ha solicitado al gobierno de Ramírez Bedolla una disculpa pública del fiscal estatal, Adrián López Solís, por sugerir que su hijo podría haber sido un delincuente. Pero en Michoacán, las víctimas no sólo tienen que llorar a sus muertos, también tienen que limpiar su nombre.
Su tragedia es una más en una larga lista de impunidad, donde los responsables siguen libres y el gobierno se conforma con culpar a los muertos.
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En corto.- En Morena no hay malestar… hay furia. La militancia de Veracruz y Oaxaca está que echa chispas con la inscripción de Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejandro Murat Hinojosa en el partido. Dicen que si algo tienen presente son los ataques de ambos políticos al movimiento, y ahora resulta que quieren entrar como si nada. Rocío Nahle y Salomón Jara alzaron la voz, pero la que tiene la última palabra es Mariana Rodríguez Bello, titular de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde se decidirá si se confirma el registro de los nuevos aspirantes a guindas.
Las benditas redes sociales no han perdonado y han revivido los señalamientos de Yunes contra López Obrador y Rocío Nahle, además de los episodios de corrupción que se le achacan a Murat en su paso por Infonavit y el gobierno de Oaxaca. Morena, que presume de no olvidar agravios, ahora enfrenta la disyuntiva de abrir la puerta o confirmar lo que muchos advierten: que estos fichajes son un auténtico caballo de Troya.
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
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