Este año se conmemora el cincuenta aniversario de la Conferencia de Estocolmo, la primera reunión global celebrada para analizar las consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente, y proponer acciones correctivas para evitar el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental. Desde hace cinco décadas ya era motivo de gran preocupación la destrucción de la biodiversidad, y de los ecosistemas terrestres y marítimos, la contaminación del aire, la tierra, los ríos y los océanos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano tuvo lugar en junio de 1972, después de cuatro años de cuidadosa preparación, y concluyó con la aprobación de una Declaración que contiene 26 principios, y un Plan de Acción con 109 Recomendaciones específicas, dirigidas a los estados, al Secretario General de las Naciones Unidas, y a los organismos especializados como la FAO, la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial. La Conferencia tuvo un enorme impacto internacional. Una de sus principales decisiones fue establecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que tiene su sede en Nairobi, la capital de Kenia. Ambos documentos pueden consultarse en el Informe de la Conferencia.
Cincuenta años después, tanto la Declaración como el Plan de Acción de Estocolmo siguen siendo una lectura provechosa. Sus conceptos fundamentales no han perdido vigencia. Ahí empezaron a gestarse los conceptos fundamentales para incluir la dimensión ambiental en la promoción del desarrollo económico y social. En Estocolmo se habló por primera vez del derecho de las personas a un medio ambiente sano, y la obligación de preservar los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. Hoy, esa línea de pensamiento guía los esfuerzos internacionales a favor del desarrollo, y tiene su mejor expresión en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas.
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En el Principio 1 de la Declaración de Estocolmo se asentó, por primera vez, “que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad, y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.
A nivel regional, el derecho a un medio ambiente sano, y la obligación de preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, se reconoció formalmente en el Acuerdo de Escazú de 2018, que entró en vigor en abril de 2021, y que el Senado ratificó por unanimidad. Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también reconoció la existencia del derecho a un medio ambiente sano, como un derecho humano, lo que implica que los estados que no lo protejan adecuadamente, pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos de su población, sobre todo de los grupos más vulnerables, como los pueblos originarios.
El derecho a un medio ambiente sano está inscrito en el artículo cuarto, párrafo quinto, de nuestra Constitución que señala, en concordancia con la Declaración de Estocolmo, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Todas estas citas a normas internacionales y nacionales sobre el derecho a un medio ambiente sano, y la obligación del estado de preservar el medio para las generaciones presentes y futuras, vienen al caso por el debate de la contra reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador.
Esa reforma no es del interés exclusivo del gobierno y las empresas privadas, nacionales o extranjeras, que podrían ver afectados sus intereses, porque más allá de derechos de propiedad, inversiones, confianza, respeto al estado de derecho y al Tratado México-EUA-Canadá (TMEC), todas ellas consideraciones muy válidas e importantes, los efectos de esa reforma afectarán por décadas el derecho a un medio ambiente sano, y la preservación del medio para las generaciones presentes y futuras. El debate tiene que abrirse a todos los sectores de la población.
La contra reforma eléctrica es importante para todas y todos las mexicanas y mexicanos, y particularmente para los jóvenes y las generaciones futuras porque afectará su derecho a vivir en un medio ambiente sano, a llevar una vida digna y gozar de bienestar, como se asentó en la cincuentenaria Declaración de Estocolmo.
Al dar marcada preferencia a la producción de energías fósiles, carbón, combustóleo, gas y petróleo, sobre las energías limpias, especialmente energía solar y eólica, afectará la salud de la población y la preservación del medio, amén de que también reducirá la competitividad internacional de la economía mexicana, y su capacidad para atraer inversión, nacional y extranjera, para la creación de empleos decentes y bien remunerados.
Los avances tecnológicos del último decenio han hecho que las energías limpias sean cada vez más competitivas por ser más baratas que las energías fósiles, y los países que no aceleren la transición a estas energías condenan a su población a un medio ambiente contaminado, y a sus economías, al gradual estancamiento.
Nadie pide a México dejar de producir o consumir petróleo y gas de la noche a la mañana. Lo que se pide al estado es comprometerse con una transición gradual hacia las nuevas energías hacia mediados del siglo, como ya lo están haciendo las economías más avanzadas del planeta. Además de fomentar la producción y uso de energías limpias, esa transición debería apoyarse en incrementar la eficiencia energética, la reducción de emisiones de carbón y metano, y programas basados en la naturaleza, como planes transparentes y sólidos de reforestación diseñados y ejecutados con la supervisión de las autoridades forestales del país.
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En el Acuerdo de París de 2015, que también fue ratificado unánimemente por el Senado, México asumió obligaciones internacionales que no puede ignorar. En la Conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático, la COP26, celebrada en noviembre pasado en Glasgow, nuestro país se comprometió, junto con todos los estados, a presentar una “Contribución nacionalmente determinada” revisada (National Determined Contribution), que muestre mayor ambición de reducir su nivel actual de emisiones de gases que calientan la atmósfera y producen el cambio climático.
Todos los gobiernos se comprometieron a realizar revisiones adicionales para reducir emisiones durante toda la presente década para evitar daños irreversibles al clima global. Es muy difícil que México logre cumplir sus contribuciones actuales de reducción de emisiones si la contra reforma eléctrica llega a ser aprobada en sus actuales términos. Pesa una enorme responsabilidad sobre todas y todos los actuales miembros del Congreso de la República. Los jóvenes recordarán por mucho tiempo la decisión que adopten Ambos documentos pueden consultarse en el Informe de la Conferencia.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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