La libertad de expresión está bajo ataque. Se acumulan los asesinatos de comunicadores. La constante: la impunidad.
En México están matando periodistas. No es nuevo, pero no ha dejado de ocurrir. Dos homicidios en la última semana. Ambos, en Tijuana, Baja California. Tres, en lo que va de enero. 54 en el sexenio. 172 desde el año 2000. Los números apenas ilustran la tragedia: quien asesina a un periodista, tiene más de 95 por ciento de posibilidades de no ser detenido, de nunca ir a juicio, de jamás pisar la cárcel (Artículo 19).
Los periodistas mueren por las balas del narco, pero también del poder político. Matar periodistas se puede, porque quienes debieran garantizar libertad de expresión, no pocas ocasiones son quienes buscan sepultarla. Más de la mitad de las agresiones a comunicadores, vienen de una autoridad local o estatal.
Pero los intentos por silenciar comunicadores se extienden. La semana pasada, la SCJN revivió la “Ley mordaza”. Esa misma ley, que venía de 2016, ya había sido reformada en 2017 por inoperante e ilógica. Es un sinsentido que limita la libertad de expresión, y trata a las audiencias de radio y televisión como ignorantes e idiotas.
Ni la Constitución, ni ley alguna le otorgan facultades al IFETEL para restringir —como avaló la Corte— la libertad de expresión ni crear nuevas obligaciones a las establecidas en la Carta Magna ni en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los ministros de la Suprema Corte se excedieron. Dieron la razón a quienes quieren decirnos cómo podemos decir las cosas, de qué podemos hablar y cómo debemos hacerlo, “golpeando” la libertad editorial y censurando. Ninguna ley, mucho menos la Constitución, dan a nadie semejantes facultades para restringir la libertad de expresión. Es curioso, por decir lo menos, que la SCJN, que tendría que ser guardián de las leyes, la libertad y los derechos, ahora los “atropelle”.
Tratan a la audiencia como víctima perpetua de la manipulación y el engaño de las televisoras, incapaz de tomar el control y cambiar de canal o estación, premiar un buen contenido o castigar uno malo. Se pretende que la autoridad tutele al ciudadano, y le diga qué y cómo debe consumir información y entretenimiento.
Porque lo avalado no se limita a programas noticiosos o de corte político, sino que la distinción entre información y opinión avalada se tendría que hacer en todos los contenidos televisivos. ¿Se imagina un partido de futbol, una pelea de box o un “reality show” siendo interrumpido por un bombardeo de avisos, cortinillas o menciones que le digan si lo que ve o escucha es “información” u “opinión”? La audiencia no es tonta.
En el periodismo —no debería sorprender a nadie— el presentador da su visión de los hechos, no porque busque manipular las noticias, sino porque cada persona tiene una perspectiva distinta de la realidad. Esta es, finalmente, una de las cualidades esenciales del periodismo. Y debe ser decisión de la audiencia, no de una autoridad, elegir qué contenido ver y cuál no.
Cuando se silencia a un periodista, se coarta el derecho de la sociedad a estar informada. La libertad de expresión está amenazada.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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