La construcción del nuevo muelle de cruceros en Cozumel que desarrolla la compañía portuaria Muelles del Caribe, y que cuenta con todas las autorizaciones de Semarnat y Semar, ahora enfrenta una oposición con disfraz de ambientalista y financiamiento multinacional “bajo el agua” cuyo fin es evitar la competencia.
El muelle, que forma parte de los 39 proyectos del Acuerdo para la Reactivación Económica del Gobierno Federal, suscritos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es enfrentado con amparos de grupos ambientalistas, apalancados con recursos posiblemente procedentes de otras terminales portuarias que monopolizan el arribo de cruceros en Cozumel, unos mil 700 barcos en las mejores épocas.
Uno de los amparos es promovido por Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que encabeza Gustavo Alanis, mientras el movimiento ambiental es respaldado por otros grupos de interés, entre otros la empresa de buceo, snorkel y servicios acuáticos Sand Dollar Sports, del estadounidense John Flynn, quien tiene su negocio un área cercana a donde se construirá el muelle.
Actualmente, la mayor parte de los cruceros que arriban a Cozumel llegan a la Terminal Puerta Maya, propiedad de la naviera Carnival, y a terminales de otros operadores estadounidenses. Por cierto, CEMDA también está en contra del Tren Maya y de la
Refinería de Dos Bocas.
LA RUTA DEL DINERO
Pese al bloqueo de su Twitter, ayer estuvo muy activo Ricardo Benjamín Salinas Pliego en redes sociales. El empresario tiene varias plataformas para ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, y sólo se ha defendido a los insultos desde el anonimato. Es lamentable que muchos aprovechen las redes para agredir cuando se piensa diferente y todo indica que su acceso a Twitter se normalizará pronto.
Otro tema que ocupa al presidente de Grupo Salinas es el diferendo ante el SAT, que desechó la Suprema Corte de Justicia, de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y que ahora irá a instancias internacionales al argumentar violación al derecho humano a la justicia y debida defensa... Menudo problema viene al gobierno de Baja California Sur por el alza de contagios de COVID-19. La Secretaría de Salud del estado, de Zazil Flores Aldape, lanzó una convocatoria para recontratar a 22 médicos, 42 enfermeras, 30 afanadores, 15 técnicos radiólogos y nueve inhaloterapistas luego que a finales del año pasado los despidieran bajo el argumento de que la pandemia estaba bajo control.
El problema es que hay dudas si el gobierno estatal tendrá recursos para el nuevo personal, ya que en ese momento fue un problema pagarles los bonos de fin de año, por lo que el personal médico organizó manifestaciones. El gobernador Víctor Castro busca que los proveedores de monederos electrónicos le financien, pero, a estos también les adeuda más de cuatro millones de pesos, sin mencionar el bono pendiente de útiles escolares que les debe liquidar, a más tardar, el 30 de enero.
POR ROGELIO VARELA
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MAAZ