A principios de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró inconstitucional criminalizar el aborto en Coahuila; e invalidó un artículo de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción.
Desde 2008, el máximo tribunal ya se había pronunciado en favor de despenalizar el aborto hasta la doceava semana de gestación, como lo disponía la ley en el entonces Distrito Federal, que sigue vigente manteniendo este tiempo y que fue modificada en abril, permitiendo la interrupción hasta las 20 semanas solo en caso de violación.
Estos fallos garantizan a las mujeres su autonomía y libertad para decidir en materia reproductiva, y aseguran el respeto a las determinaciones en ese sentido.
México ocupa el primer lugar de embarazos no deseados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.
En nuestro país, 23 por ciento de quienes están en esta etapa juvenil inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años; de los cuales, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no usaron ningún método anticonceptivo en su primer acto sexual.
Por su parte, de acuerdo con las estadísticas de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020, 15.1 por ciento de los nacimientos (uno de cada seis) correspondió a menores de 20 años.
Sumado a ello, en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del gobierno federal, se reporta que la mayoría de los casos de concepción de niñas entre 10 y 14 años, probablemente están relacionados con abuso o violencia sexual; y que se observa un riesgo de muerte materna mayor debido a que no han culminado su crecimiento.
Los embarazos no deseados limitan el desarrollo de las mujeres, en particular de las niñas y adolescentes; y por ende, tienen un impacto social negativo.
En ese contexto, la información es una poderosa herramienta para ejercer mejor nuestros derechos sexuales y reproductivos; pues nos permite definir qué hacer, conocer los programas de educación y canales de orientación que existen, las formas de cuidado y prevención; así como, las alternativas para evitar dar a luz.
No obstante, lo anterior, en el Informe “Aborto bajo la lupa” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se señala que la información pública disponible para saber quiénes y cuántas mujeres efectivamente acceden a servicios de interrupción del embarazo por causas legales es insuficiente.
A propósito del 28 de septiembre, fecha en la que coinciden el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, y el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, tengamos presentes las palabras de la jueza Ruth Joan Bader Ginsburg, que decía que “el énfasis no debe estaren el derecho al aborto, sino en el derecho a la intimidad y al control de la reproducción”; y para proteger estos derechos es necesario contar con información.
POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA INFOCDMX
@NAVYSANMARTIN
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