Para quienes nacimos y crecimos en la segunda mitad del siglo pasado, el nombre de Astérix El Galo probablemente resulta ampliamente familiar.
Para quienes no tuvieron tal fortuna, baste saber que se trata de una historieta francesa, creada en 1959, en donde se documentan las aventuras de Astérix, un guerrero galo de baja estatura, pero gran intelecto, y su compañero inseparable Obélix, un galo corpulento muy afecto a los placeres culinarios. Ambos dedican su vida a combatir al ejército romano liderado por Julio César y así preservar la libertad de su aldea.
En 1976, los creadores de la historieta produjeron una película animada titulada Las doce tareas de Astérix, en la que nuestros héroes, para salvar a su aldea, deben completar 12 tareas, entre las que se incluye el obtener un permiso administrativo, para lo cual deben navegar en un edificio gubernamental repleto de funcionarios extremadamente incompetentes, quienes parecen regocijarse en exigir requisitos cada vez más complicados y obligando a los protagonistas a recorrer una y otra vez los pisos del edificio tratando de descifrar el entramado burocrático, lo cual logran finalmente al solicitar, en uno de los departamentos, la expedición de un permiso imaginario, confundiendo al personal a tal grado que el prefecto al cargo opta finalmente por entregarles el documento que buscan.
Esta divertida sátira refleja, no obstante, una percepción generalizada y preocupante respecto de la función pública y su falta de transparencia, accesibilidad y claridad para los gobernados, muchos de los cuales sin duda se identificarán con la desesperación y confusión experimentadas por nuestros héroes.
Esta preocupación ha quedado recogida en el artículo 7º de la Constitución Política de la Ciudad de México, que garantiza el derecho a la buena administración pública, así como en el Título Sexto: Del Buen Gobierno y la Buena Administración (Arts. 60-67).
Debemos recordar que la buena administración –esto es, una administración eficiente y productiva– no se logra simplemente con la expedición de normas o la instauración de procedimientos, sino que exige un nivel mínimo de accesibilidad y transparencia para los gobernados.
Exigencia que debe quedar acentuada con una nueva cultura de la gestión pública por parte de todos los funcionarios.
Esta apreciación cultural, debe tener como punto de partida la sensibilización y ciudadanización del engranaje burocrático, que se trate de verdaderos caminos para la solución de nuestros problemas cotidianos y no una versión posmoderna y mexicanizada de las tareas de Astérix.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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