Al ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, se le critica por algo que no propuso, no empujó y no votó. Incluso se le exige, como no se le exige a cientos de legisladores de prácticamente todos los partidos (incluidos de la oposición) que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, dieron su aval para que avanzara una reforma al poder judicial que contempla, entre muchas otras cosas, la ampliación de dos años en el periodo del presidente de la Corte.
Hay quienes le piden romper en lo personal con lo votado y fijar una postura en contra de lo aprobado, lo que en los hechos representaría una fractura con la institucionalidad.
No es popular decirlo, menos a estas alturas, pero Zaldívar ha sido, pese a una andanada de presiones (de todos lados, comenzando por la presidencial), prudente y, aunque a algunos no guste, su mesura abona a cuidar al poder que encabeza y representa.
Si es inconstitucional lo aprobado, como prácticamente el unísono de los juristas opina, entonces Zaldívar hizo bien en no pronunciarse durante el proceso legislativo y guardar un oportuno silencio. Las presiones llegaron de los más distintos frentes. Desde la mañanera, el presidente López Obrador ha dicho que solo el presidente de la Corte es confiable para conducir el proceso de implementación de la reforma dentro del poder Judicial. Vaya losa le ha puesto a cargar. La mayoría legislativa le ha enviado a Zaldívar una manzana envenenada, que él ha preferido no tocar. Desde los distintos espacios opositores, lo mismo partidos que cámaras empresariales, medios de comunicación y periodistas, le han pedido desmarcarse de lo que se discutía. Haberlo hecho cuando se lo exigían, no solo hubiera significado un error jurídico, sino de cálculo que habría tensado y crispado aún más el ambiente público.
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La Constitución, por otro lado, tiene vías de impugnación y sus propios mecanismos de control: el Congreso discute, vota y expide una ley, esa ley se puede impugnar (como seguramente ocurrirá), y el máximo tribunal (la Corte) determina si es o no constitucional. Eso está en la normalidad democrática, aunque parece -¡sorpresa!- que a algunos asusta o incomoda.
Dicen los críticos de la prudencia del presidente de la SCJN que este es “el momento de Zaldívar”, que él debe ir más allá de lo que la institucionalidad le marca y tendría que vapulear lo aprobado. No, no le toca. Él no está ni debe estar en el juego de la política, sino en el carril de las leyes y la legalidad. Y en esa pista hay tiempos, formas y procedimientos.
El comunicado del ministro presidente y las palabras repetidas desde el viernes, en el sentido de que se “excusará” de la discusión si esta llega –como llegará- a la Corte, es una jugada maestra para evadir los costos de la decisión que, en uno u otro sentido, los otros 10 ministros puedan tomar y las reacciones que la misma despierte.
Por lo demás, con la polémica desatada, se pierde buena parte del fondo de lo aprobado: la reforma al poder judicial que acerca la justicia a millones de mexicanos. Pero en época electoral, parece que eso no genera ruido, ni da votos.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM
@MLOPEZSANMARTIN
avh