La corrupción ha estado presente a nivel mundial desde siempre. Este fenómeno se ha visibilizado más en la medida en que se han generado mecanismos de cooperación, intercambio y acceso a la información, instrumentos normativos e instituciones, tanto en el ámbito internacional como en diversos países, para contrarrestar sus efectos nocivos.
La adopción por parte de los Estados de estas herramientas y buenas prácticas en favor de la lucha global contra este problema construye confianza social y contribuye a su desarrollo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI, la población afectada por actos de corrupción aumentó en número, pues la tasa de víctimas en al menos uno de los trámites realizados se elevó un 7.5 por ciento, al pasar de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019. Los trámites con mayor grado de abuso de poder fueron los realizados ante autoridades de seguridad pública, los relacionados con la propiedad, y aquellos ante el Ministerio Público.
En 2019, el IMCO señalaba que si bien el gobierno mexicano participa en convenciones mundiales contra la corrupción; de 1999 a 2017 solo se iniciaron tres indagatorias sin alcanzar una sola sanción por cohecho internacional. Asimismo, alertaba que al Sistema Nacional Anticorrupción se le han asignado recursos mínimos para su funcionamiento; y que de 2018 a 2019, las contrataciones por adjudicaciones directas se habían vuelto la regla (77%) sobre las licitaciones públicas (13.9%).
Para Transparencia Internacional una grave deficiencia en México es la falta de imposición de penas a las redes de corrupción que las investigaciones periodísticas han revelado; pues dicha organización reportaba que de 2016 a 2019, no se habían impuesto castigos a empresas y personas funcionarias involucradas en ellas.
Es insuficiente que los gobiernos suscriban tratados internacionales y tengan robustas legislaciones si quedan en papel; o bien, que se generen instituciones cuya articulación e implementación no logra concretarse.
Para garantizar la solidez y efectividad de los Sistemas Anticorrupción y su normativa en nuestro país, se requiere destinar recursos suficientes para su operación real; respetar y blindar la independencia y autonomía de su actuar; así como, asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades con transparencia e imparcialidad.
Decía Edmund Burke que “lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”. Estando cerca el 9 de diciembre, “Día internacional contra la corrupción”, consideremos que si como sociedad queremos erradicarla, no bastan las buenas intenciones para acabar con ella si esta voluntad no se traduce en hechos.
POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA INFOCDMX
@NAVYSANMARTIN
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