La Constitución prevé la existencia de los llamados organismos constitucionales autónomos, creados para realizar funciones de Estado sin una subordinación jerárquica al gobierno central. Algunas voces han malentendido o distorsionado la autonomía de dichos organismos; su autonomía no implica autocracia ni las exenta de rendir cuentas, son instituciones de Estado obligadas a actuar con imparcialidad, transparencia y profesionalismo como cualquier otra institución.
El problema es que durante el régimen neoliberal el PRI y el PAN, siempre cómplices, tenían los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de la Unión y abusando de su mayoría se repartían los nombramientos de quienes encabezarían los órganos. Así, se aseguraron de que fueran autónomos sólo en el nombre, mientras en los hechos incrustaban en ellos a sus operadores y testaferros. Hoy, cínicamente dicen defender la autonomía de estos organismos, cuando durante años impusieron a sus cuotas y cuates en esas instituciones, y se aseguraron de que trabajaran para sus intereses, no para México.
La comparecencia del consejero presidente, Lorenzo Córdova, ante el Pleno de la Cámara de Diputados fue un ejercicio inédito y valioso, pues no se limitó a abordar temas presupuestales para el próximo ejercicio fiscal, sino que permitió a las y los representantes populares cuestionar, de frente y con firmeza, la actuación de un árbitro electoral cuya actuación ha sido facciosa y cuyas decisiones, consecuentemente, han dejado de tener legitimidad.
He participado en diversos procesos electorales, siempre con la convicción de que el pueblo es quien decide; en cada uno de ellos he sido respetuoso de las instituciones y ello llevó implícito un voto de confianza a las autoridades electorales. Pero el respeto institucional no implica pasar por alto las arbitrariedades y determinaciones tendenciosas que ha incurrido el INE.
Pero no sólo su labor electoral es cuestionable, desde su nacimiento el INE ha sido exhibido por el despilfarro de recursos, así como por los estratosféricos sueldos de los consejeros, los cuales han rehusado a reducirse a pesar de que es mandato legal aprobado por el Congreso de la Unión que ningún servidor público gane más que el Presidente, evidenciando así su falta de ética, su voracidad, su ambición y sobre todo su distorsionada visión de los cargos públicos como fuente de lucro personal y no de servicio a la patria y al pueblo.
Tras la comparecencia del consejero presidente, reafirmo mi convicción de la necesidad de reformar las instituciones y los procedimientos electorales, no con una visión de centralismo como maliciosamente lo pretende hacer ver la oposición, sino de reinstaurar la confianza perdida en el árbitro electoral. Urge constituir un órgano imparcial, conformado por ciudadanas y ciudadanos que respondan a los intereses de México, no de los partidos políticos que los impusieron en el cargo.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO FEDERAL DEL PT
@BENJAMINROBLESM
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