Fue la tarde del 19 de marzo de 2018 cuando conocí a Yesica Celene, madre de un niño de tres años, quien fue víctima de feminicidio por parte de su expareja Óscar Munguía. Cinco minutos previos a su ataque, se encontraba en su sitio de trabajo, en donde laboraba 11 horas días y descansaba un día a la semana.
“Ya tengo la talla del modelo que te gustó”, me dijo al ofrecerme un par de zapatos de la tienda en donde trabajaba en la plaza comercial Reforma 222; recuerdo que me sonrío, su satisfacción era haber logrado una venta, cinco minutos después Óscar, el papá de su hijo y con quien nunca decidió vivir con él por su forma violenta de comportarse, ingresó al local en donde estaba la joven de 28 años y le disparó en al menos tres ocasiones en el abdomen.
Tras cometer el crimen el sujeto intentó suicidarse disparándose en la mejilla, aunque sobrevivió. En cambio, Yesica Celene murió tras ingresar al hospital. Fue un largo recorrido, pero dos años después “llegó la justicia” con la sentencia de 60 años de cárcel de Óscar.
La sentencia emitida por la jueza Belén Bolaños Martínez la catalogaron como “valiente” al tomar en cuenta la perspectiva de género y analizando todos los medios de prueba aportados.
Lástima que no es así para todas las víctimas; como para Cynthia, una mujer que fue víctima de ataque con ácido en México y que se murió esperando justicia; en esa posición se encuentran otras 21 víctimas más.
De acuerdo con el paquete económico de 2021, para combatir la violencia en el país se aprobaron recursos 136,081 millones de pesos, un incremento de 14.4% con respecto al año anterior, monto que no necesariamente se reflejó en una disminución de la violencia y mucho menos a las mujeres.
David Colmenares, auditor de la Federación, entregó la segunda parte de la fevisión al gasto de 2020. Ahora la Federación debe aclarar varios gastos, entre ellos los de seguridad para verificar su incidencia y poder contener la violencia en el país.
Ahora que estamos recordando a los que ya se han ido y que han sido víctimas de ataques, no está demás que en el paquete económico de 2022 haya más presupuesto y acciones eficientes para que la justicia llegue y se pueda garantizar la pacificación del país para todos. Ese es el gran pendiente.
NADA AL AZAR
En la 4T no son toleradas las empresas incumplidas, sobre todo cuando está de por medio el equipamiento de las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. Y es que una de las proveedoras recién elegidas se quedaría sin un contrato por un monto máximo de 52.5 millones de pesos, le hablo de Industrias Sandoval S.A. de C.V., de Antonio Lozoya de Llano, empresa que habría ‘metido la pata’ al no realizar la primera entrega de las impresoras multifuncionales que le solicitaron.
Ante ello, en los pasillos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se examina poner fin a la relación, o al menos eso se comenta en los primeros círculos, pues las versiones cobran mayor relevancia al poner sobre la mesa que la firma en cuestión depende del suministro que haga la fabricante americana Lexmark, misma que ya alertó que sus productos estarán en suelo azteca hasta junio de 2022; en tanto, las entregas que la dependencia estima son del 29 de septiembre al 30 de diciembre de este año, como se observa en el proceso LA-007000999-E753-2021.
Baste recordar que una de las motivantes para la posible rescisión es la promesa emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que mil de las sucursales arranquen operaciones este año y las mil 700 restantes lo hagan el año que viene. No extrañe a nadie que entre los siguientes pasos también se vislumbren sanciones por parte del Órgano Interno de Control.
¿Qué paso en Canal 11?
Un tema que hemos venido siguiendo en este espacio es lo sucedido en Canal 11 con el subdirector de recursos materiales, Álvaro Vargas García, quien se ha cansado de sortear un tema que puede ser una bomba para su jefe y titular del organismo, Carlos Brito. Se trata del servicio de limpieza, cuyo proveedor acumula impagos desde abril, mes en que inició vigencia, debido a que desde la firma del mismo, la proveedora Ocram Seyer, asegura que le quieren aplicar deducciones abusivas, ya que nunca le habrían requerido insumos que ahora se pretenden reclamar.
El tema ha llegado a personajes como Julieta Olmos, encargada del Órgano Interno de Control (OIC), y al mismo escritorio del titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, pero sin obtener resultados hasta el momento. Por lo que, se sabe de la búsqueda de una solución a través de la Secretaría de Hacienda, al mando de Rogelio Ramírez de la O, quien sería la puerta para reparar los yerros de Vargas García, quien lo único que ha hecho hasta el momento es ampliar el subejercicio de recursos en Canal 11.
POR ENGGE CHAVARRÍA
PERIODISTA
@ENGGECHAVARRIA
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