El 2020 será recordado tristemente como el año de las grandes crisis pero también como el año que nos obligó a repensarnos como sociedad. Si bien los primeros efectos que ha tenido el COVID-19, han sido evidenciar la fragilidad en nuestro sistema de salud y lo vulnerables y graves problemas que enfrentamos en México al demostrarse que, no solo las enfermedades crónico degenerativas favorecen el desarrollo del virus, sino también las formas sociales, de comunicación y de socialización que tenemos.
Un claro ejemplo es la movilidad y se puede demostrar con un par de casos: la escasez de transporte público en la megalópolis, obliga a millones de personas a trasladarse diariamente de zonas muy alejadas para ir a sus centros de trabajo.
Por lo general se encuentran en polos opuestos a sus viviendas, generando saturación en los transportes aumentando el riesgo de contagio. Otro caso son las zonas de comercio que, tras encontrarse en el centro de las ciudades, aumentan su nivel de saturación, dado que la población debe trasladarse mayoritariamente desde la periferia lo que conllleva a elevar los riesgos de contagio.
Estos dos ejemplos tan sencillos como simbólicos, permiten demostrar que el riesgo de esta enfermedad no se limita únicamente a quedarse en casa, al lavado de manos, el uso del cubrebocas o en la protección a los grupos más vulnerables.
También es necesario replantear acciones que surjan desde nuestras formas de vivir en sociedad y propiciar mayor participación de ésta en el manejo de la crisis, a fin de reconstruirnos para regresar a la organización comunitaria en aras de forjar nuevas formas para vivir sanamente.
Por esa razón, desde las organizaciones campesinas y diversos colectivos, hemos planteado la importancia de que participemos activamente en el diseño de políticas públicas, como parte de una estrategia que permita hacer realidad un régimen democrático que hasta ahora solo ha estado manoseado por el sistema político y por los propios partidos.
Por supuesto que no nos referimos a la participación ciudadana desde la convocatoria del Estado en aquellos espacios institucionales designados para tal hecho, porque hasta el momento no es más que un mito. Nos referimos a la más pura definición de lo que es la participación, es decir, toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor al Estado y que intenta influir sobre las decisiones de la agenda pública.
De aquí deriva la importancia de la organización en grupos, colectivos o asociaciones constituidas, a fin de que la participación no se quede en el terreno individual, sin soslayar en la participación de cada persona en la toma de decisiones durante las elecciones, referéndums, las consultas o en un plebiscito, pues son mecanismos en los que es necesaria la opinión de las personas. Todo lo contrario, nos referimos a la importancia de la toma de decisiones en lo colectivo que puedan incidir en las decisiones gubernamentales, sobre todo cuando se trata de consolidar nuestra endeble democracia. Claro ejemplo de lo anterior somos las
organizaciones campesinas e indígenas que conocemos y trabajamos directamente sobre las problemáticas que nos afectan, a la par de que hemos demostrado ser más asertivos al momento de diseñar estrategias que beneficien al campo o a las comunidades indígenas.
Sin embargo, lo lamentable es que tanto los partidos políticos como la posición del lopezobradorismo, desprestigian mediante la polarización política la perspectiva de la participación ciudadana, pues más que vernos como entes alternativos o autónomos, se rechaza la importancia de la proximidad y comunicación entre gobierno y sociedad para dejar de marcar cada vez más la brecha entre gobierno y gobernados. Es decir, en vez de fortalecer una relación socio-estatal para solucionar supuestos problemas de los temas públicos, se opta por rechazar nuestra participación.
En este sentido, es necesario incorporar en las estrategias de reconstrucción a los grupos sociales que se han visto más afectados por la pandemia, pues sabemos cuál es el mejor camino para reactivar nuestras labores y, por ende la economía, sin poner en riesgo la salud, priorizando una estrategia integral por encima de una visión asistencialista. Así, en la toma de decisiones, ya sea para gestionar o para obtener respuestas ante problemas particulares, la participación debiera ser vista como un proceso que incluya a los dos actores principales: el gobierno y la sociedad.
Durante el mes de octubre, en la Cámara de Diputados se aprobó la miscelánea fiscal, misma que jamás tomó en cuenta la opinión del parlamento abierto, instancia creada con el fin de contribuir a la constitución y definición de políticas públicas. En el discruso existe la voluntad de escuchar la voz de la sociedad, sin embargo en los hechos, esto está muy lejano a la realidad. Esto nos lleva a la interrogante: ¿cómo diseñar propuestas adecuadas, si no se escucha a los actores sociales que viven y padecen los inconvenientes de los grandes problemas que los aquejan?
Esta nueva administración ha insistido en la importancia de apoyar a quienes más lo necesita, pero apoyarlos sin escucharlos es demagogia, lo que nos obliga desde la colectividad a buscar nuevas formas para hacer realidad un pacto social y lograr una verdadera transformación en las formas de gobernar.
El país lo requiere más que nunca, por eso debemos insistir en que el parlamento abierto deje de ser un mito que hasta ahora se erige como un mero trámite y no como el espacio donde se escuche la voz de todas y todos.
POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.