Ha llamado la atención que en la Ciudad de México, el Frente Nacional Anti AMLO, (FRENAA), ha tomado mucha fuerza ante los desafíos del presidente Andrés Manuel López Obrador que diariamente suma más detractores y que, derivado de esta situación, no estará muy lejano el día en que se lleven a cabo a lo largo y ancho del país manifestaciones multitudinarias en su contra para que renuncie o bien, se dedique a atender a todos sectores que durante su campaña prometió proteger y que ya en el gobierno ha despreciado.
Entre ellos están los niños con cáncer; los más de 80 mil fallecidos por Covid-19 y el sector empresarial al que le dio la espalda. No hay que soslayar la desaparición de los más de 100 fideicomisos con lo que el Ejecutivo propina el golpe de muerte al extinguirlos.
En Oaxaca surgió un movimiento para reclamar al gobierno que encabeza el alcalde morenista de la capital oaxaqueña, Oswaldo García Jarquín, por el gran abandono y deterioro en el que tiene a la ciudad, -considerada patrimonio de la humanidad-, además de los crecientes problemas de inseguridad y ambulantaje.
Este movimiento lo encabeza y tiene como principal vocero al exdiputado federal Jorge González Ilescas, que se pronunció en contra de la indolencia de García Jarquín frente a los problemas de la ciudad que gobierna y esta semana dio un nuevo paso en la búsqueda de soluciones y respuestas gubernamentales a los problemas de la capital oaxaqueña.
Los vecinos presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en la que reclamaron diversas omisiones del gobierno municipal oaxaqueño, así como la necesidad urgente de que atienda temas de interés general como la deplorable situación en que se encuentran las calles de la ciudad, el creciente comercio informal que es incontrolable a pesar de la pandemia, así como los graves problemas de inseguridad.
A decir de este creciente grupo de ciudadanos, en sus acciones contemplan un amparo mediante el cual se obligue a la autoridad a cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 115 Constitucional, que se refiere a las obligaciones de los munícipes, o que de lo contrario se pueda incluso judicializar el asunto para que esto se resuelva por las vías penales que correspondan, en el caso en que persista la intención de mantener a la ciudad en el abandono total.
La interrogante que persiste es que nadie sabe en qué estará gastando la administración de García Jarquín, el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de la capital oaxaqueña, el cual, -según se sabe-, han ejercido fundamentalmente a través de factureras y obras fantasma de las que dentro de no mucho tiempo tendrá que dar cuenta la Auditoría Superior de la Federación.
POR ADRIANA MORENO
CORDEROCOLABORADORA
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