Esta semana, en un editorial el ahora Gerente General del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, señala algunos de los retos que todas las economías del mundo enfrentarán hacia adelante. Plantea que ante los grandes cambios económicos provocados por la pandemia uno de los grandes dilemas que enfrentan los gobiernos es cómo seguir ayudando a empresas a sobrevivir, pero evitando canalizar recursos a negocios que ya no serán viables en la nueva realidad. La receta que plantea es una política industrial activa por parte del Estado que ayude a las empresas o industrias que ya no son viables a canalizar recursos. Esto implica en primer lugar, reconocer la realidad; algunas industrias simplemente ya no serán viables económicamente hacia adelante. Y posteriormente, invertir en infraestructura sustentable, en energías renovables y salud para crear las condiciones que permitan retomar el crecimiento económico.
En este tenor, esta misma semana Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (ECB),anunció que el banco está considerando incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en su programa de adquisición de activos financieros. En los últimos años, el ECB, al igual que la FED en Estados Unidos, ha intervenido en los mercados financieros para “garantizar liquidez”. Cuando los grandes corporativos salen a vender deuda en forma de bonos, los bancos centrales adquieren un volumen importante de estas emisiones para asegurar que exista demanda. Hasta ahora, el ECB había mantenido una política de neutralidad de mercado, es decir, que se mantenía agnóstico a la empresa que emitía esta deuda para evitar crear distorsiones en los precios y rendimientos de las emisiones.
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Sin embargo, el comentario de Christine Lagarde señala que, hacia adelante, el ECB podría buscar corregir el hecho que los mercados financieros no están incorporando a los precios de los activos los riesgos intrínsecos del cambio climático. Tomar una postura más activista sería justamente buscar revertir esta “falla de mercado” y buscar desde la política monetaria combatir al cambio climático. Esto es precisamente a lo que se refiere Carstens. Es un mecanismo de política monetaria que permite canalizar recursos de sectores inviables a largo plazo a otros sectores.
Pero mientras esto sucede en Europa, aquí nosotros vamos a contracorriente. Como lo reportó el Financial Times esta misma semana, el gobierno mexicano parece cada vez más empeñado en excluir a los productores privados de energía del mercado nacional para proteger a Pemex y CFE, dos empresas obsoletas y altamente contaminantes. Los cambios a las regulaciones cada vez hacen más difícil explotar el gran potencial de energías renovables con el que cuenta nuestro país. Mientras las empresas petroleras en el mundo entero se hacen cada vez más chicas y se reinventan para tratar de sobrevivir, el gobierno mexicano avienta más y más recursos a Pemex obsesionado por producir más petróleo, aunque sea a pérdida.
Los cambios regulatorios y las prioridades presupuestales del próximo año dejan más que claro que a este gobierno no solo no le interesa acelerar la transición energética, sino que su política industrial y de desarrollo está anclada en industrias y prácticas obsoletas, todo lo contrario, a lo que se va a necesitar hacia adelante.
Parecería una obviedad decir que, los países y empresas que entiendan que el mundo cambió y se adapten lo más rápido posible, son los que saldrán fortalecidos, pero aquí parece que cada vez más estamos viviendo en los 1970.
POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAST