Seguridad

La empresa El Oso denuncia robo y extorsión durante su desalojo

La fábrica de productos para el cuidado del calzado detuvo su producción luego de un desalojo en el que, denuncia su abogado, hubo uso excesivo de fuerza y un robo de 20 millones de pesos

La empresa El Oso denuncia robo y extorsión durante su desalojo
El desalojo de la empresa se realizó el 17 de enero. Foto: Redes Sociales

La empresa El Oso, dedicada a la producción de productos para el cuidado del calzado, ha detenido su producción tras más de 100 años ininterrumpidos, por un conflicto legal por el predio donde operaba su planta principal, en la colonia Portales Sur.

La disputa escaló hasta convertirse en un asunto judicial con acusaciones de desalojo ilegal, robo y privación de la libertad.

En conferencia de prensa, Mario Alberto Cardona, representante legal de la empresa,explicó que el conflicto tiene su origen en el contrato de arrendamiento del predio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, pues las propietarias iniciaron un proceso judicial para recuperar la posesión del terreno. La diligencia de desalojo, sin embargo, dijo Cardona, se llevó a cabo con “actos de rapiña, robo y privaciones de la libertad”.

Además, señaló afectaron a sus empleados, muchos de ellos adultos mayores y personas con discapacidad.

En el desalojo del 17 de enero, señaló el abogado, participaron aproximadamente 150 cargadores, 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y un actuario. Ante los medios de comunicación, el abogado dijo que se llevaron más de 2 millones de pesos en efectivo, que eran producto de las ventas del día. Denunció que, además, hubo saqueo de maquinaria y documentos, por lo que estimó las pérdidas en más de 20 millones de pesos.

Señaló que el desalojo fue un abuso de autoridad que violentó el debido proceso e incurrió en delitos como privación ilegal de la libertad y extorsión. “Para una diligencia de este tipo, la seguridad fue insuficiente. Teníamos más de 150 empleados en el lugar y solo 12 policías para controlar la situación. Fue un clima de inseguridad total”, dijo Mario Alberto Cardona.

El abogado también destacó la falta de información previa sobre la diligencia. “Tuvimos que hacer el esfuerzo, el área jurídica, para ver de dónde emanaba todo este tema. No hubo una identificación clara del actuario ni de las autoridades presentes”.

Además de las pérdidas materiales, la empresa señala que la abrupta interrupción de sus actividades ha generado un impacto económico significativo. “Al día de hoy llevamos un promedio de pérdidas de seis millones de pesos por la falta de producción y la necesidad de seguir pagando sueldos”, explicó.

La empresa ha dicho que no volverá al predio del que fueron desalojados, pero busca la reparación del daño y la devolución de bienes que siguen en el inmueble desalojado.

“Nosotros no estamos buscando regresar al predio, sino que se reparen los daños y se devuelva lo robado”, enfatizó Cardona.

El caso sigue su curso en tribunales, y la empresa ha interpuesto un juicio de amparo para revisar la actuación del juez que ordenó la diligencia. “Lo que buscamos es que se revisen las irregularidades del procedimiento. No se cumplieron con las formalidades esenciales, y esto derivó en actos de violencia y despojo”, concluyó el abogado.

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