En demanda del pago retroactivo de los aumentos salariales 2023 y 2024 que les adeudan, así como el regreso al servicio médico que les cancelaron, cientos de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de San Luis Potosí dejaron sus centros de trabajo y pararon labores.
Con gritos como "No son privilegios son nuestros derechos", "Salud sí conciertos no", en la llamada Ciudad Judicial de la capital potosina, el grueso de las y los empleados judiciales salieron a apostarse en la explanada principal sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, mientras otro grupo lo hacía para bloquear la entrada trasera que da al estacionamiento sobre la avenida Coronel Romero.
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Decenas de abogados litigantes, jueces y magistrados vieron como desde las 8:00 horas de este martes no pudieron cumplir sus diligencias; al lugar de la protesta acudió el magistrado Javier Delgado Sam y personal de la Secretaría General del Gobierno del Estado para liberar los accesos al edificio judicial, pero su propuesta de establecer una mesa de diálogo fue rechazada con gritos de las y los empleados judiciales, ya que aseguran llevan dos años en espera de que les paguen y anunciaron que no levantarán el paro hasta que entre 4 mil y 5 mil trabajadores en todo el estado reciban el pago retroactivo.
Adán Mijaíl Cano Vargas quien es secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia mencionó que el motivo de la protesta es por el adeudo en prestaciones que tiene el Poder Judicial con ellos y que el Gobierno del Estado no radical recursos para saldarlo, "tuvimos un incremento salarial en 2022 que se acaba de pagar apenas, en 2023 tuvimos incremento del 2 por ciento y es fecha que no se nos ha dado, se nos han cubierto otras prestaciones como bonos de puntualidad pero ha sido en parcialidades, en abonitos", expuso.
El empleado también denunció que el seguro médico privado que tenían les fue retirado y les dieron de baja en el IMSS.
Por su parte, Jesús Gerardo Martínez Muñoz aseguró que el paro de labores se mantendrá hasta que les depositen los adeudos, porque así lo han determinado las bases, "no podemos permitir que nos traten como un Poder de segunda, el hecho de que se restrinja el presupuesto al Tribunal es una forma de sometimiento y afecta la independencia judicial, obliga a estar mendigando algo que por ley le corresponde", condenó.
Cabe mencionar que esta protesta de trabajadores en activo del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí se suma a la de jubilados y pensionados que mantienen un campamento porque también les adeudan desde el 2023 el pago del finiquito por jubilación y de los bonos por años trabajados.
brc