Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que cualquier reforma al poder judicial debe partir de la premisa de la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional.
"Una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios".
Lo anterior, lo planteó durante una reunión llevada a cabo este jueves 27 de junio en la Cámara de Diputados para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial, en el cual participan integrantes del Poder Judicial, así como legisladores y expertos.
Esta sesión es la primera de las nueve que se llevarán a cabo para definir los cambios legales y constitucionales que pretenden aplicar Morena y sus aliados en la siguiente Legislatura para modificar la estructura y las reglas de elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.
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Impacto económico de un mal diseño
El ministro Alfredo Gutiérrez resaltó la importancia de considerar el impacto económico de un mal diseño de una reforma al Poder Judicial.
"Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta".
También, subrayó que la incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas.
"Si el constituyente optara por el modelo de elección directa de jueces, deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios. Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar".
Solución a eventuales problemas
El ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, apuntó que si la decisión del constituyente es cambiar el modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional debe incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma:
- La profesionalización de la función judicial, se debe mantener mediante capacitación permanente con una escuela judicial autónoma, para garantizar que siga siendo jurídica y técnica.
- Garantía de estabilidad en el cargo, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes, la estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea predecible. Además, manifestó que solo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos, "usar criterios subjetivos o arbitrarios mata la independencia judicial", dijo.
- Remuneración justa y un plan de retiro justo, garantiza el diseño optimo para retener el talento jurídico más calificado, lo que garantiza estabilidad y continuidad del sistema judicial.
- Profesionalización de los litigantes, con estatura ética, mediante exámenes de conocimiento y sanciones por faltas a la administración de justicia. En conjunto, deben fortalecerse las defensorías públicas para los más necesitados.
- Revisión de los poderes judiciales locales, replicar las garantías de independencia a nivel local y establecer un porcentaje presupuestal fijo en las constituciones locales. Detalló que esta propuesta también debería ser considerada para el poder judicial federal.
- Fortalecimiento del arbitraje, como una alternativa al riesgo de que la reforma genere costos y barreras de entrada.
Destaca Gutiérrez Ortiz Mena impacto económico de reforma judicial
El mal diseño de un modelo de elección de jueces y magistrados por voto popular tendría un impacto económico y se generaría una subasta de juzgadores, advirtió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
“Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”, dijo.
Explicó que la incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría incrementar los costos para las nuevas empresas.
“Si el contribuyente optara por el modelo de elección directa de jueces deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios.
“Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar”, dijo.
Aseguró que la percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública. Dijo que los inversionistas buscan mercados en los que la ley sea aplicada de forma equitativa y predecible.
Con información de Diana Martínez, Almaquio García y Víctor Ortega
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