La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la resolución de la Sala Regional Especializada en la que determinó la existencia de violencia política en razón de género atribuida a la diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN) y Óscar Limeta Meléndez, con motivo de diversas manifestaciones y publicaciones en redes sociales que negaron la identidad como mujer trans de la diputada Salma Luévano Luna (Morena).
Inconforme con lo anterior, la diputada panista denunciada impugnó la resolución, al considerar que, en su concepto, sus manifestaciones se encontraban amparadas dentro de la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión, por lo que no configuran violencia política de género.
Sigue leyendo
Las contradicciones del caso Luévano
¿Cuál es la agenda LGBTTTIQA+ que busca impulsar la diputada Sandra Luévano?
En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, determinó que Teresa Castell y Óscar Limeta negaron la identidad de género de la legisladora trans y atribuyeron características negativas por el hecho de serlo, lo que conforme a la doctrina desarrollada por este órgano jurisdiccional actualiza la violencia política en razón de género.
Al respecto, el pleno consideró que las expresiones tuvieron el efecto de limitar el ejercicio efectivo de la diputada denunciante, en la medida en que invisibilizaron su condición y reforzaron estereotipos discriminadores, lo que vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Tras la sentencia, la panista aseguró que acudirá a instancias internacionales, pues aseguró que "por primera vez a una mujer se le sentencia por agredir a un hombre que se siente mujer", en referencia a Salma Luévano, quien se identifica como una mujer trans.
