La dependencia exhorto a los funcionarios y autoridades involucradas en las condiciones de los Centros de Reinserción Social en el Estado, realicen acciones para detectar y prevenir violaciones a los derechos humanos, así como conductas que pongan en riesgo la integridad, la salud y la vida de las personas privadas de la libertad.
La titular del organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que dicho diagnóstico se basó en entrevistas y encuestas a personas privadas de la libertad, para mejorar y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El informe revela que el sistema penitenciario del estado ha obtenido una calificación global de 7.00, inferior a la del año anterior (7.02). A pesar de los esfuerzos realizados, persisten graves deficiencias en áreas clave como la reinserción social, debido a la falta de personal técnico y actividades educativas, deportivas y laborales suficientes. Además, el sistema sigue enfrentando serios problemas de sobrecupo, al estar los centros penitenciarios operando al 92.29% de su capacidad.
Autoridades se quedan cortas en el cumplimiento de recomendaciones
Entre los hallazgos más relevantes, el diagnóstico muestra que de las 35 recomendaciones planteadas en el informe de 2023, la Secretaría de Seguridad del Estado ha cumplido con 5 de ellas, parcialmente con 27 y no ha cumplido con 3. La falta de personal adecuado y la carencia de recursos, tanto humanos como financieros, continúan siendo un obstáculo para garantizar la reintegración social de las personas privadas de la libertad y proteger su bienestar integral.
Uno de los principales retos para la autoridad penitenciaria es evitar la sobrepoblación y hacinamiento de los Centros, los cuales, en conjunto, alojan a 10,197 personas privadas de la libertad (9,642 hombres y 555 mujeres) y están diseñados para 10,590 personas; es decir, se encuentran en un 92.29% de su capacidad. Aunado a que, continúa con déficit de personal de seguridad y custodia.
Sugerencias son para mejorar las condiciones de los penales
Este diagnóstico incluye 39 recomendaciones dirigidas a la autoridad penitenciaria, que abarcan áreas normativas, operativas y materiales. Entre las propuestas destacan la creación de un nuevo reglamento interno, la mejora en la atención a la salud y la implementación de estrategias para prevenir abusos durante las revisiones a visitantes y personas privadas de la libertad.
Se sugiere aumentar la plantilla de personal de seguridad y custodia, contar con personal técnico, médico, odontológico, nutriología, y psiquiatría; Garantizar que el personal de pediatría brinde una adecuada atención a las niñas y niños que viven con sus madres en el CERESO Femenil; Contratar personal de ginecología, en el CERESO Femenil, a fin de atender las necesidades propias de las mujeres privadas de la libertad; garantizar la atención médica y odontológica, oportuna y gratuita, para las personas privadas de la libertad que habitan en los Centros y el suministro de medicamentos de forma oportuna y suficiente.
Susana Méndez, titular de la CEDHNL dio a conocer que el Organismo ha recibido 304 quejas durante 2024 relacionadas con violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo casos de falta de atención médica, restricciones a las visitas familiares y violaciones a la integridad física y psicológica de los internos.
La Ombudsperson explicó que con la presentación de este diagnóstico, la CEDHNL reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario y hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se implementen las acciones necesarias a fin de mejorar las condiciones de los centros y garantizar una verdadera reinserción social para las personas privadas de la libertad en Nuevo León.
Sigue leyendo
Samuel García impulsa ampliación de Línea 1 del metro en Nuevo León
Samuel García anuncia nuevo “pulmón” urbano para Nuevo León
