En respuesta a una denuncia ciudadana y como parte de las inspecciones regulares realizadas por autoridades municipales de Torreón, Coahuila, el centro de rehabilitación “Grupo Torreón 2000” fue clausurado por operar en condiciones insalubres e inadecuadas.
El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Inspección y Verificación en colaboración con la Dirección de Prevención Social del Delito, Seguridad Pública y Protección Civil. Según Pablo Fernández Llamas, encargado del despacho de Inspección y Verificación, familiares de los internos denunciaron negligencia en los cuidados del centro, ubicado en la colonia Luis Echeverría en el primer cuadro de Torreón. Estas quejas llevaron a una revisión de las instalaciones y de los documentos del lugar.
Entre las irregularidades encontradas destacan el hacinamiento, la falta de alimentos y medicinas, y condiciones insalubres. Además, se verificó que el centro carecía de los permisos necesarios para operar. "Los inspectores observaron las irregularidades y al solicitar los documentos para su debida operación, quedó en evidencia que no estaban en orden, por lo cual el centro no pudo seguir funcionando", explicó Fernández Llamas.
Tras la clausura, 39 personas fueron trasladadas a otro centro de rehabilitación que cumple con las normas establecidas en la NOM-028-SSA. Otras 12 personas quedaron bajo el resguardo de sus familiares. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan no solo proteger a los internos, sino también evitar riesgos mayores como incidentes de salud o seguridad.
La situación de los anexos en Torreón
El caso del “Grupo Torreón 2000” no es un hecho aislado. En los últimos tres años, la administración municipal ha clausurado 13 centros de rehabilitación en Torreón. Víctor Ramos Galindo, director de Prevención Social del Delito, explicó que estos operativos son parte de un esfuerzo continuo para supervisar el cumplimiento de las normas y garantizar un trato digno a los internos. En total, se han realizado cerca de 100 inspecciones desde el inicio de la administración.
Sin embargo, las autoridades reconocen que aún existe un rezago en la regulación de estos espacios. Algunos operan en la clandestinidad o bajo condiciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Ramos Galindo subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y establecer sanciones más severas para quienes no cumplan con los requisitos mínimos.
Muerte y negligencia en centros de rehabilitación
En septiembre de 2024, un hombre de 40 años perdió la vida al interior del centro de rehabilitación “Nadine”, ubicado en el bulevar Águila Nacional y calle Álvarez en Torreón. Internos comentaron que Luis Antonio tenía una semana de haber ingresado y ya contaba con problemas de salud. Este caso marcó la quinta muerte registrada en centros de rehabilitación de Torreón en 2024. Las autoridades dieron parte al Ministerio Público y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas del fallecimiento.
Horas después, se registró el sexto deceso en un centro de Alcohólicos Anónimos ubicado en la intersección de la calle Comonfort y la avenida Ocampo Oriente. En este caso, también se presume que la causa de la muerte fue de origen patológico.
En ambos incidentes, las autoridades y expertos coincidieron en que la falta de personal capacitado agrava los riesgos en estos lugares. Aunque algunos centros han recibido capacitación básica en primeros auxilios a través de cursos ofrecidos, estos esfuerzos no han sido suficientes.
Otro caso significativo es el de la clínica “Betel”, clausurada tras descubrir que operaba sin licencias, en condiciones insalubres y sin protocolos de contingencia. Durante el operativo, se encontró a un bebé de cuatro meses viviendo en el lugar con su madre, una interna que no tenía otra opción para su cuidado. Este incidente expone la necesidad de contar con instalaciones adecuadas que respeten los derechos de los internos y de sus familias.
El contexto en Lerdo
En la ciudad vecina de Torreón, el municipio de Lerdo, Durango, también enfrenta problemas similares. En 2023, las autoridades clausuraron siete anexos por operar en la clandestinidad y en condiciones insalubres. El alcalde Homero Martínez Cabrera indicó entonces que muchos de estos centros se ubicaban cerca del centro de la ciudad y estaban relacionados con un aumento en los robos a viviendas. Vecinos reportaron que algunos internos salían por las noches para cometer estos delitos.
La proliferación de anexos sin regulación responde, en parte, a la falta de espacios que cumplan con los requisitos legales y de infraestructura. “No porque alguien quiera lucrar, vamos a permitir que pongan en riesgo la vida de las personas. El compromiso es con la ciudadanía”, enfatizó en su momento el alcalde.
La necesidad de un cambio estructural
A pesar de los esfuerzos municipales por clausurar centros que incumplen con las normativas, expertos y activistas consideran que estas acciones no son suficientes. Un enfoque integral que incluya regulación estatal y federal, capacitación del personal y protocolos claros para el manejo de situaciones de riesgo resulta imprescindible.
El caso del “Grupo Torreón 2000”, así como los fallecimientos recientes, son una muestra de la urgencia por atender las deficiencias en los centros de rehabilitación. La falta de cumplimiento de las normas vigentes y de contar con personal capacitado sigue presente en los centros de rehabilitación conocidos como anexos.
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