El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por 344 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, la Ley Federal de Derechos con la que se ajustan las tarifas del aprovechamiento de los bienes públicos.
En un primer eje, el documento enviado por el ejecutivo federal contempla un incremento en la tasa de derecho especial sobre minería que pasa del 7.5 al 8.5 y también la tasa sobre el derecho extraordinario sobre minería que se eleva del 0.5 al 1%.
De esta manera, en la expedición del título de concesión minera o por la recepción de la solicitud, estudio, trámite, y en su caso expedición del título de asignación minera, se pagarán diversas cuotas. Por ejemplo “Por persona, por día, por cada Área Natural Protegida considerada de muy baja capacidad de carga por la muy alta vulnerabilidad y fragilidad de sus ecosistemas, pagará 3 mil 622.02 pesos.
En el ajuste también se avaló que los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, paguen 860.56 pesos. Se señala que, el 67% de los ingresos que se obtengan por la recaudación se destinarán a la Secretaría de la Defensa Nacional para el pago de la operación, prestación de servicios, administración, explotación, construcción, planeación, adquisición, proyectos o programas, arrendamiento, obra complementaria y equipamiento, entre otros.
Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional se cobrará la cuota de 223.09 pesos. El 83% de los ingresos que se obtengan, se deberán destinar a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país, así como mejorar las instalaciones, mobiliario, sistemas y calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.
El diputado del Partido Verde, Mario Alberto López Hernández destacó que los incrementos en la Ley de Derechos no son nuevos impuestos sino un cobro justo, de enorme importancia para las finanzas públicas del país y el cumplimiento del compromiso de contribución al derecho social.
“Estos ajustes reflejan el compromiso del gobierno de garantizar que quienes se benefician de los recursos naturales de la nación contribuyan de manera justa al derecho social”, indicó.
En esta Ley, también se instruye a la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A de C.V. para que, en un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, lleve a cabo todos los actos necesarios para la extinción del fideicomiso público de administración.
También se avaló la propuesta de exentar del pago de derecho a radioaficionados que utilicen las telecomunicaciones en tareas de protección civil; así como a los pueblos y comunidades afromexicanas por servicios en materia de telecomunicaciones.
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