El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados federales. El proyecto analiza cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, diputados del Congreso de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila, en contra del decreto de la reforma judicial.
González Alcántara Carrancá revisó las disposiciones que regulan el acceso a los cargos de jueces y magistrados por voto popular y plantea invalidarlas bajo el argumento de que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica. De acuerdo con el ministro, no hay certeza en el mecanismo de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado.
También analizó el régimen transitorio que tiene como objetivo cesar masivamente a juzgadores de distrito y circuito con carrera judicial, para dar paso a la elección por voto popular, lo que plantea invalidar por considerar que viola garantías judiciales de inamovilidad del cargo, pues esto constituye un elemento fundamental del régimen democrático para garantizar la división de poderes.
Sobre el Tribunal de Disciplina Judicial se consideran inválidas algunas disposiciones que otorgan facultades ambiguas y excesivamente amplias que pueden provocar el sometimiento de juzgadores. Sin embargo, la propuesta valida que los impartidores de justicia sean sometidos a la evaluación de su desempeño a partir del primer año en el cargo.
Créditos: Archivo El Heraldo de México
González Alcántara Carrancá plantea validar el sistema para acceder a las magistraturas de dicho Tribunal por medio del voto popular bajo el argumento de que no se acredita que genere subordinación de sus integrantes a un Poder externo.
“En atención al principio de máxima deferencia, este Tribunal Pleno considera que la integración del Tribunal de Disciplina Judicial no genera un menoscabo en la independencia de la función jurisdiccional de las personas juzgadoras que puedan ser parte de un procedimiento disciplinario y, por lo tanto, es congruente con el principio de división de poderes…
“En este aspecto, debe declararse infundado el argumento relativo a que el Tribunal representa un mecanismo de control y sometimiento de las personas juzgadoras”, señala el proyecto.
El ministro considera que no se advierten violaciones con potencial invalidante durante el procedimiento legislativo.
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