Tras el anuncio de la ley SB3 en la que permite a autoridades locales de Estados Unidos realizar redadas y acciones para deportar a migrantes, México a través de Relaciones Exteriores tomó una nota favorable a la demanda que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América interpuso por la legislación del país vecino.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su rechazó ante dicha medida al considerarla un acto de criminalización que ocasiona la separación de familias, racismo y un atentado contra los derechos humanos.
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Además, enunciaron que para frenar el flujo migratorio instruyeron a la red consular de Texas para reforzar las acciones preventivas y proteger los derechos de 11 millones de personas que radican en el estado.
"El Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que propicie ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes, y que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso", sentencian en su comunicado.
El gobernador de Texas, Greg Abbot firmó en diciembre la "medida antiinmigrante" dotando de facultades a autoridades, en la función que era exclusiva del Gobierno Federal, es por ello que ante la nueva consideración inconstitucional de parte de Estados Unidos, la cancillería reiteró su apoyo y protección consular.
