Agentes de la Ciudad de México se movilizaron la tarde de este viernes 4 de agosto en las calles de Cuernavaca para realizar la captura del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien es investigado por autoridades federales por malas prácticas y omisiones en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Posteriormente, el todavía funcionario del estado fue trasladado en helicóptero hacia las instalaciones de la Marina donde será canalizado al Reclusorio Sur para definir su situación jurídica.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que Carmona en su calidad de procurador de justicia en dicha entidad, posiblemente realizó falsas manifestaciones de manera pública y maliciosa, "que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado por los agentes de investigación de la Fiscalía estatal".
De acuerdo con las indagatorias, el fiscal probablemente entorpeció la procuración de justicia y desvió la investigación. "Al decir que la joven Ariadna no tenía huellas de violencia, afectó la dignidad de la memoria de la joven y revictimizó a sus familiares", comentaron autoridades capitalinas.
La aprehensión de Uriel Carmona coloca a la figura de los fiscales en el debate público y suma otro caso en el historial mexicano, en donde dichos funcionarios protagonizan conflictos legales, polémicas jurídicas y críticas relacionadas con su trabajo de parte de la sociedad civil.
Caso Oaxaca: Arturo Peimbert Calvo
En diciembre de 2022, se dio a conocer la renuncia de Arturo Peimbert Calvo a la titularidad a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cargo que asumió el 18 de marzo de 2021 y cuyo periodo concluiría en 2028; ante medios de comunicación declaró que su dimisión se debió a "motivos personales" y descartó que fuera por presión del gobierno estatal.
El ahora exfiscal arribó al Congreso de la entidad para entregar un documento en el que presentó su renuncia; sotuvo que durante los 20 meses que estuvo a cargo “ejercí con estricto apego a mis principios y valores personales, así como a los institucionales de honestidad, lealtad y respeto irrestricto a los derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la procuración de justicia dentro del estado de Oaxaca, porque la patria es primero”.
Foto: Cuartoscuro
Peimbert es una persona cercana al grupo político del exgobernador Alejandro Murat y con su salida quedó pendiente el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue rociada con ácido en 2019. El sucesor en el cargo fue José Bernardo Rodríguez Alamilla.
Caso Tamaulipas: Irving Barrios Mojica
Recientemente en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a modificar la ley para elegir al fiscal de justicia. Durante su tradicional conferencia matutina, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la impunidad y corrupción que abunda en las instituciones de Tamaulipas encabezadas por Irving Barrios Mojica, quien formó parte de la administación pasada de Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que se le liga directamente con estas acciones.
AMLO comentó que este conflicto inició cuando se permitió que los gobernadores nombraran a los fiscales y procuradores de justicia. "Son practicamente inamovibles y más porque los nombras de entre 10 y 12 años, unicamente si estuvieran involucrados en delitos o fueran presuntos culpables perderían su posición, de lo contrario “están protegidos por el Poder Judicial y no hay forma", sentenció.
Foto: Cuartoscuro
Por su parte Barrios Mojica se ha pronunciado al respecto y ha comentado que él "no tiene por qué renunciar" ya que su nombramiento fue apegado a la ley. Cabe recordar que fue asignado en 2018, por lo que su periodo estaría concluyendo hasta el 2025.
Caso Veracruz: Jorge Winckler
Luego de permanecer prófugo por más de 2 años, en julio de 2022 se hizo la detención del exfiscal Jorge Winckler en ciudad de Puerto Escondido, perteneciente a Oaxaca. El funcionario fue designado durante la administración de Miguel Ángel Yunes y aunque tenía una duración en el puesto de 9 años, fue destituido por el Congeso Local.
Antes de ser separado del cargo, se le acusó de delitos de tortura y privación ilegal de la libertad contra un exescolta del gobierno de Veracruz. Por otro lado, Winckler Ortiz interpuso amparos contra su detención y para regresar como Fiscal General del Estado de Veracruz, éste último recientemente rechazado por parte del tribunal.
Foto: Cuartoscuro
Actualmente se encuentra en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, dejando a Verónica Hernández Giadans como encargada del despacho.
Caso Guanajuato: Carlos Zamarripa
Carlos Zamarripa, actual fiscal del estado, y quien durará en su cargo 19 años, tomó su responsabilidad como servidor público en 2009, con una tasa de cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes y en 2020, con 11 años en el cargo, Guanajuato presenta una tasa de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con información del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.
El presidente AMLO también ha criticado la situación, señaló que el estado es comandado por "un grupo de poder" y no por Diego Sinhue. A pesar de que fue designado en 2019, era ya Procurador de Justicia desde febrero de 2009 durante el gobierno de Juan Manuel Oliva y así permaneció con Miguel Márquez Márquez.
Foto: FGE
Al igual que con Tamaulipas, Zamarripa ha mencionado a medios que no tiene razón para renunciar y que los altos niveles de violencia que existen en la entidad representan "mucho trabajo por hacer".
Caso Nayarit: Edgar Veytia "El Diablo"
Uno de los testigos más esperados en el juicio contra Genaro García Luna fue Édgar Veytia, conocido como "El Diablo", quien estuvo en el estrado y siguió la línea que le pintó la autoridad norteamericana. El exfiscal de Nayarit soltó la bomba sobre los nexos del "superpolicía" con el cirmen organizado, acusaciones que lo tienen enfrentando un proceso legal.
Uno de los aspectos que llamó la atención del jurado fue cuando "El Diablo" reconoció la serie de delitos y la forma en la que torturaba a sus víctimas. Él mismo confesó haber sido responsble de la muerte de más de 10 personas. Dijo que su método para violentar eran descargas eléctricas con pistolas Taser y ahogamientos con agua, una bolsa conocida como "submarino".
Foto: FGE
En 2019, Veytia, de 49 años, fue sentenciado a 20 años de prisión en una corte de Nueva York, esto debido a sus nexos con el crimen organizado y beneficiarse económicamente a través de sobornos. Además de liberar a varios capos de la droga que previamente eran detenidos.
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