Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aseguró que hay una persecución política llevada a cabo por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha buscado reprimir a la comunidad universitaria, la cual se ha inconformado por la falta de reconocimiento de la autonomía de la institución. Indicó que desde marzo se ha desarrollado una cacería de los funcionarios del colegio para tratar de evitar estas acciones en contra de la norma.
"Hoy, haciendo uso del poder, se presentaron ante las instalaciones universitarias".
El funcionario descartó que haya malos manejos en la universidad y aseguró que la Auditoría Superior del Estado no tiene jurisdicción para realizar revisiones dentro de la institución, por lo que asegura no estar incumpliendo la ley al impedir que hagan estas acciones judiciales.
"No es gente competente para auditar".
Calificó como una agresión y una ilegalidad las acciones por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusó de apoyar a un grupo de exfuncionarios que buscan recobrar el poder de la universidad para colocar un rector a modo.
"Hemos acudido ante las autoridades internacionales".
El rector dijo que no se quedará de rodillas ante la ilegalidad, por lo que agotará todos los recursos legales de los que disponga para evitar que se pisoteen los derechos universitarios.
¿Qué pasó en la universidad?
Personal de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGES intentó llevar a cabo un cateo a la torre de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante la negativa de las autoridades de entregar información solicitada a esa institución con base a la carpeta de investigación por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Esto luego de que se obtuvo este mandamiento judicial de un Juez para acceder a las instalaciones y archivos contables de la UAS ante la negativa de sus autoridades en entregar información solicitada por este organismo constitucional autónomo desde el mes de mayo.
Dicha orden de cateo se sustenta en el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se indican o expresan los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan. El Juez autorizó inclusive a romper cerraduras y a introducirse a los recintos.
Esta medida se realiza por necesidad procesal en virtud para poder tener a la mano los documentos que se necesitan para la integración debida de las carpetas de investigación; toda vez que se les estuvo solicitando de manera reiterada a lo cual se negaron.
La documentación es información mínima de oficio que debiera estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, no se encuentra disponible por lo que se tomó la decisión de llevar a cabo dicha medida de investigación apegada a derecho.
Cabe señalar que, al momento de presentarse el personal de la FGES a las instalaciones a ejecutar dicha orden de cateo, se presentó el abogado Carlos Alfonso Ontiveros Salas y otro abogado con quienes se está dialogando.
Se negó la entrada a los elementos de la Fiscalía
Al presentarse al lugar los agentes de la Fiscalía, personal de la institución educativo argumentó que no podían abrir las puertas ya que “el guardia anterior se llevó la llave, y no saben a qué hora se despierta”.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa expresó su frontal rechazo a la acción de notificación de cateo a sus instalaciones al asegurar viola totalmente el principio de Autonomía Universitaria y manifestó que en ningún momento se impidió el paso a las autoridades para que cumplieran con su diligencia.
El abogado de la UAS Carlos Alfonso Ontiveros Salas, dejó en claro que siempre hubo presencia del Notario Público Número 300 Guillermo Franco, informó que si las instalaciones estaban con candado es por el periodo vacacional pero las autoridades podían ingresar si así lo deseaban, pero no cumplieron la medida judicial.
“Ningún funcionario de la institución negó bajo ninguna circunstancia que los elementos de la policía ministerial o Fiscalía ingresaran, no entraron porque no quisieron”, dijo y agregó que la orden traía una falla técnica ya que no se realizó en las 72 horas que debía realizarse, es decir estaba fuera de tiempo”; expresó.
