La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pause la discusión sobre la validez del Plan B de Reforma Electoral, sobre la Ley General de Comunicación Social (LGSC), y que en su lugar descongele y resuelva impugnaciones de 2018 que cuestionan la constitucionalidad de la misma ley.
Y es que el próximo lunes, en la Corte iniciará la discusión del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte del Plan B.
El freno que pide el presidente López Obrador fue hecho a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en una solicitud dirigida a la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández.
La Consejería Jurídica justifica que su petición busca “evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
La LGCS fue aprobada con las mayorías del PAN y del PRI el 11 de mayo de 2018, antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018.
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