Este viernes 21 de abril el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo tramitado por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Yasmín Esquivel Mossa, el cual interpuso para evitar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizara el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura presentada en 1987. La decisión fue vista con beneplácito por la Máxima Casa de Estudios.
Sin embargo, momentos después de que fuera anunciada la resolución del Tribunal, la UNAM anunció mediante un boletín informativo que “las autoridades universitarias fueron notificadas de medidas cautelares impuestas por un Juzgado Civil de la Ciudad de México, mediante las cuales ordenan a nuestra institución abstenerse de continuar el proceso universitario”. La Universidad reafirmó que será respetuosa de lo que ordena una autoridad jurisdiccional local, pero “contundente en el uso de todos los recursos legales a su alcance para cumplir con lo que nos encomienda la Constitución y nuestra Ley Orgánica”.
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Ante esta situación, El Heraldo Digital consultó al jurista Eduardo Andrade, exabogado general de la UNAM y exdirector general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conocer la opinión de un experto sobre el tema, así como de las posibles implicaciones que las decisiones de este viernes pudieran tener en el caso.
Un caso político
Para Andrade, las acusaciones contra la ministra Esquivel obedecen a intereses políticos, los cuales buscan impedirle llegar a la presidencia de la Suprema Corte. De acuerdo con el jurista, por esta causa se han hecho acusaciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación, de una falta sobre la cual no se presentó ninguna denuncia formal.
“Desafortunadamente la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM abrió un procedimiento para el cual no tenía ninguna facultad jurídica, con lo que involucró indebidamente a nuestra Máxima Casa de Estudios en un conflicto de naturaleza política que ya ha afectado el prestigio de la Universidad al haber desplegado una serie de acciones como las reformas a su legislación interna”, expresó Andrade.
“No es posible quitar títulos”
Considera que las resoluciones de la UNAM “ponen en entredicho la validez de los títulos que emite y dan la impresión de querer dar efectos retroactivos a las reformas aprobadas solamente para dañar a la ministra, quien por cierto, ha presentado pruebas sólidas de que ella es la autora original de la tesis cuestionada, tan es así que la maestra que le entregó esa tesis al otro alumno involucrado, fue sancionada precisamente por haber realizado esa entrega”.
Andrade considera que la pretensión de quitar títulos a cualquier egresado es contrario a la ley y violatorio de los derechos humanos. Añadió que no puede ejecutarla “por sí y ante sí un órgano académico que incluso sería corresponsable de la irregularidad, puesto que las nulidades administrativas parten de la base de que la autoridad de que se trate ha cometido violaciones jurídicas que afectan la validez del acto que emitieron”.
"De cualquier modo, la UNAM no está facultada legalmente para tomar ese tipo de decisiones respecto de actos que ella misma ha consumado al expedir sus títulos y grados", expresó el jurista.
Lo que sigue para la UNAM
De acuerdo con el jurista Eduardo Andrade, “la no admisión de la demanda de amparo de Jasmín Esquivel, derivó de que dos ministros del Tribunal Colegiado consideraron que el procedimiento abierto por la UNAM no ha causado todavía un perjuicio a la ministra. Otro magistrado estimó que sí debió proceder el amparo por la afectación que el solo hecho de difundir la realización de ese proceso, que no tiene bases legales, le ha causado ya” a la integrante de la SCJN.
Respecto al nuevo amparo, Andrade señaló que el Comité de Ética de la UNAM deberá esperar a que el juzgado civil determine lo que proceda en el juicio civil del que tiene conocimiento, “en el que seguramente la Ministra está haciendo valer su derecho a no ser objeto de un atropello por una autoridad que no tiene facultades jurídicas para afectar sus derechos humanos”.
Finalizó la entrevista diciendo a El Heraldo Digital que “falta conocer los detalles de este juicio, pero el juez civil tiene plenas facultades para ordenar que se suspenda un proceso que puede dañar irreversiblemente a una persona hasta en tanto no haya una resolución que determine la validez del proceso suspendido”.
DMGS
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