En una sentencia que se considera histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de dos personas que demandaron a las autoridades del Estado de México por considerar que se abusó de la figura de la prisión preventiva en su caso.
El alto tribunal panamericano señaló deficiencias en la aplicación de la figura judicial de la prisión preventiva oficiosa en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados del asesinato de la alcaldesa de Atizapán, María de los Ángeles Taméz, en 2001.
Tras ser arraigados por 47 y 34 días respectivamente, García y Alpízar estuvieron presos durante más de 17 años sin sentencia, hasta 2022, cuando un juez falló en su contra, sentenciándolos a una pena de 35 años de prisión.
“Las detenciones de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz no se ajustaron a ninguna de las hipótesis permitidas en las normas internas para aprehender a una persona, sea con una orden judicial o en alguna situación de flagrancia. Asimismo, la Corte encontró que el Estado había violado el derecho a ser informado sobre las razones de la detención contenido en perjuicio de las víctimas”, detalló la CIDH.
El tribunal señaló que, además, se comprobó el uso de tortura para conseguir declaraciones por parte de los acusados, las cuales fueron empleadas en el proceso judicial para dictar sentencia en contra de ellos.
A través de la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano señaló que revisará la sentencia dictada por la Corte, realizando los procesos necesarios para ajustar la sentencia a las leyes locales.
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