El conflicto entre autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Fiscalía General del Estado (FGE) vuelve a escalar debido a que agentes de la fuerza pública intentaron arrestar al rector Jesús Madueña Molina en su domicilio. El hecho lo informó el área de comunicación institucional de la UAS, quien además confirmó que el rector ya contaba con un amparo para evitar la prisión, por lo que no pudo ser detenido.
A través de un comunicado, se expresa que, al sentirse intimidado por declaraciones que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, el dirigente universitario se vio en la necesidad de promover un amparo para efecto de salvaguardar su libertad.
“Es necesario precisar que la promoción de un amparo la puede realizar cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos por cualquier autoridad, motivo por el cual el Rector acudió a ese derecho que le asiste”, se expresa a través de un comunicado.
En dicho documento también se menciona: “Todo este proceso intimidatorio refleja la falta de condiciones de un verdadero Estado Constitucional de Derecho, por ello hemos acudido ante la Justicia Federal”.
La Ley de la discordia
Desde el pasado 3 de abril, la Auditoría Superior del Estado (ASE) acusó al rector Jesús Madueña Molina y a Robespierre Lizárraga Otero, quien es abogado general de la UAS, de haber incurrido en abuso de autoridad tras negarse a dar información respecto a las finanzas de la universidad.
En este proceso, el rector y autoridades universitarias han reiterado que están siendo blanco de una persecución dirigida desde el Congreso del Estado, por los mismos diputados y diputadas que impulsaron la Ley de Educación Superior y la aprobaron el pasado 15 de febrero.
Dicha ley, a decir del consejo universitario, contiene una serie de violaciones a la autonomía universitaria, razón que los llevó a iniciar una ola de amparos ante jueces federales, pero al mismo tiempo los hizo entrar en conflicto con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien en días recientes pidió no ser “fuente” de ese problema en el que los involucrados son la propia UAS, el Congreso, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía.
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