Tania Gisela Contreras López, consejera Jurídica de Ejecutivo, reveló que más de 120 personas se encuentran implicadas en las más de 42 denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y en las cuales se encuentran involucrados tanto a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, como particulares los cuales realizaron contratos apócrifos.
Indicó que hasta ahora ninguna de las denuncias presentadas por la Consejería Jurídica y diversas Secretarías han sido judicializadas y permanecen en proceso de investigación por parte de la Fiscalía.
Las denuncias han sido ratificadas y aportado más pruebas e información para facilitar su desahogo; sin embargo, no han avanzado permaneciendo aún en el ámbito de la Fiscalía General de Justicia en proceso de investigación.
Reveló que el monto de total estimado en las diferentes denuncias asciende a más de 600 millones de pesos.
Aportación de más pruebas
Insistió en que pese a la ratificación de las denuncias y aportación de más pruebas sobre los delitos denunciados no se han solicitado órdenes de aprehensión.
Indicó que las 42 denuncias involucran a más de 120 exservidores públicos en los cuales hay ex secretarios, exsubsecretarios, ex directores generales, ex jefes de departamento.
Mencionó que en dos denuncias, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca es señalado directamente por diversas irregularidades.
Contreras López mencionó que en al menos 14 denuncias se encuentran implicados exfuncionarios quienes sin tener atribuciones para ello celebraron contratos con particulares, los cuales tampoco cumplieron con los requisitos.
En ello se encuentran implicadas empresas constructoras, prestadoras de servicios y empresas proveedores.
A la vez apuntó que se están generando las condiciones para que todo lo que se genere en la Fiscalía General de Justicia del Estado se atraiga por la Fiscalía General de la República como es el uso de los recursos federales.
Por último comentó que anteriormente bastaban un nota informativa en algún periódico o la televisión para que se liberaran las órdenes de aprehensión, y ahora, pese a todas las pruebas aportadas no se hacen.
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