Jesús Iván Romero Velázquez, trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de febrero, sin que hasta ahora se conozca su paradero. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el hombre de 40 años fue visto por última vez en el municipio de Matamoros portando un chaleco del instituto color rosa con beige.
Familiares de Romero Velázquez presentaron una denuncia ante la FGE y ahí alertaron que la víctima fue interceptada por sujetos armados que le cerraron el paso para posteriormente llevárselo cuando circulaba en su vehículo Toyota Corolla, modelo 2013 color rojo, entre las calles de Canales con Francisco Villa, donde había un tianguis instalado.
Foto: Especial
Jesús Ivan se encuentra en calidad de desaparecido desde el 2 de febrero. En la descripción del boletín de búsqueda se describe al hombre con una altura de 1.75 centímetros, peso de 80 kilos, tez morena clara, ojos, boca y nariz mediana. Como seña particular tiene una cicatriz en la mejilla derecha y otra en la frente.
Hasta el momento se sabe que los plagiarios se lo llevaron, junto con su unidad, y por su parte, la familia no sabe nada de su paradero, lo que los tiene muy preocupados.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas ha documentado 12 mil 523 denuncias de personas cuyos paraderos se ignoran en Tamaulipas, cifras citadas por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien visitó la entidad para participar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz celebrada en Ciudad Victoria, y en una reunión institucional con el gobierno del estado.
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De los 43 municipios que tiene el estado, los siete con mayor incidencia delictiva son Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, San Fernando, Victoria, Tampico y Ciudad Mante. El gobierno federal, el pasado 9 de febrero, firmó un convenio con la administración de Américo Villarreal para combatir el rezago judicial en temas como trata de personas, discriminación, tortura, interrupción de embarazos, uso indebido de la fuerza pública y las leyes relacionadas con la desaparición de personas.
Encinas Rodríguez reconoció que la entidad necesita de manera urgente la aplicación de una política a favor de las víctimas, que contenga acompañamiento psicológico pero sobretodo para reducir los niveles de impunidad que alcanzan un 98 por ciento.
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