Luego de que su reforma electoral fuera rechazada, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó su Plan B, con el que contempla tres ejes principales: ejercicios de derechos político-electorales, el Sistema Nacional Electoral y Justicia Electoral. Sin embargo, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral alistan acciones jurídicas en su contra por considerarlo regresivo e inconstitucional.
En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la Tarde de El Heraldo Media Group, Dania Ravel, consejera del INE, comentó que pese a que el año pasado en la Cámara de Diputados se hicieron foros para discutir lo que habría que mejorar en la normativa electoral y las áreas de oportunidad, ahora se tiene una propuesta que parece querer debilitar al Sistema Electoral.
"Quizá lo más llamativo es la eliminación de gran parte de la estructura del servicio profesional electoral nacional que, la verdad, sin miedo a exagerar, son un baluarte de la democracia mexicana", expresó.
Indicó que al país le costó mucho tiempo tener a personal independiente, profesional y con solvencia técnica para enfrentar los procesos electorales más allá de las y los consejeros que integran el Consejo General del máximo órgano electoral.
Ravel agregó que los consejeros del INE van a presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se revise todo lo que implica el Plan B a la reforma electoral. Por otro lado, lamentó que algunas cuestiones que fueron triunfo de la Reforma Electoral en materia constitucional de 2007, y que derivaron de los aprendizajes de la elección de 2006, ahora se pretendan echar atrás, como la definición de propaganda gubernamental, con las modificaciones en la Ley General de Comunicación Social.
"Se va a permitir que servidores públicos puedan intervenir a través de sus manifestaciones en una contienda electoral a favor o en contra de un candidato, que fue algo de lo que específicamente se quejaron de las elecciones de 2006 por Vicente Fox", apuntó Dania, quien recordó que debido a eso se estableció que los servidores públicos no podían tener ninguna incidencia a través de sus recursos públicos en los procesos electorales.
Dijo que desde el INE buscan visibilizar estos impactos para que haya una deliberación pública informada y razonada, así como agotar todas las instancias legales posibles.
"Lo deseable de este tipo de modificaciones es que las propuestas de reforma sean producto de un intenso diálogo e intercambio de ideas, de discusiones en las que tienen que escucharse a todas las voces y a quienes operamos la norma y podemos hablar del día a día de esta operación", apuntó Ravel, quien destacó que este tipo de modificaciones pueden tener una afectación grave en la cotidianidad democrática.
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