El integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Gonzalo Espina Miranda, condenó los hechos de violencia y asesinato registrados al interior del establecimiento mercantil denominado “La Polar”. Asimismo, exigió justicia para el comensal y castigo para la empresa junto con los dueños.
“Es una clara muestra del nivel de violencia social que se vive en la Ciudad actualmente, es difícil pensar que una familia sale a comer y llegaría incompleta a su casa. El PAN solicita a la fiscal Ernestina Godoy, investigar los hechos de manera puntual”, señaló.
¿Qué ley permite la clausura?
El panista explicó que la responsabilidad no solamente es del gerente de la cantina por lo sucedido, sino que hay una responsabilidad penal de la empresa como tal, la responsabilidad penal que pueda tener este lugar.
“Ya el Código Penal de Procedimientos Penales permite vincular a una empresa por la falta de un manual de cumplimiento corporativo, el cual debe contar con lineamientos específicos en los cuales, las personas que ahí laboran puedan actuar en determinada circunstancia para evitar llegar a la violencia”, refirió Gonzalo Espina Miranda.
Agregó que el gobierno o las alcaldías, no pueden estar atendiendo la vida interna de las empresas, jamás ha sido la postura del PAN invadir las competencias de las empresas y es por ello que, se le solicita a la fiscal Godoy, que toda vez que está previsto en ley, actúe en contra de la empresa como tal, lo haga así y logre vincular a proceso a la empresa, no solo a un gerente, no solamente a un mesero, que la empresa como tal responda por estos hechos.
“Que la empresa responda en lo económico, la indemnización a la familia. Pero quienes mataron a esta persona deben estar tras las rejas y necesitamos conocer quiénes son los culpables”, añadió.
Tenían que garantizar la seguridad de todos
A nombre de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría, el diputado, Federico Döring Casar recordó que las empresas tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus comensales, así se estable en preceptos internacionales en materia de empleo, de salud y de fomento económico.
“Le exigimos a la Fiscalía que aplique el criterio antes mencionado para que exista un precedente que garantice que todas las familias en la Ciudad van a poder ir a comer tranquilas a los restaurantes sin que las empresas no adquieran un compromiso de supervisión de sus elementos y garantizar la seguridad de sus comensales”, dijo.
Döring apoyó la decisión de la alcaldesa Sandra Cuevas de no permitir que ese lugar vuelva a abrir y ofreció a la familia de la víctima, todo el respaldo y apoyo jurídico para castigar a los dueños de la cantina, pero sobretodo, al o los agresores del comensal.
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