Entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en A Fuego Lento de El Heraldo Radio, María de los Ángeles Fromow, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y extitular de la FEPADE, dijo que históricamente la prisión preventiva oficiosa (PPO) ha generado debates de su existencia en el anterior sistema penal y en el actual Sistema Penal Acusatorio.
"Se ha considerado como una pena anticipada, como un señalamiento previo de culpabilidad sin que la persona haya sido juzgada y por lo tanto mantenerla en prisión significaba el asegurar que fuera transcurriendo un tiempo hasta que fuese sentenciado y que esto podría vulnerar los derechos de quienes están pidiendo una investigación formaliza ante un juez y pueda declararse culpable o inocente", detalló.
Destacó que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio contempla lo que es la Prisión Preventiva Justificada y la Oficiosa.
"La primera, el Ministerio Público tiene que defender distintas características y distintos elementos, poner pruebas ante el juez para que se pueda evaluar la necesidad de establecer esta medida extraordinaria de mantener a una persona privada de su libertad en tanto el proceso continúa".
Agregó que en 2019 se amplió el catálogo de varios tipos delitos que entran en la PPO y se estableció que cada cinco años debía ser evaluado por las fiscalías y los poderes judiciales locales y federales para ajustarlo y perfeccionarlo, e informar sobre cómo se está utilizando.
La ex secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que se crearon las Unidades de Medidas Cautelares para informar al respecto, porque ellos son quienes podrían tener los elementos de cuándo sí debió haber prisión preventiva y cuándo no.
Sin embargo, ninguna de esas instancias ha hecho esa evaluación por lo que no hay información, no hay datos técnicos, ni estadísticas que permitan determinar cómo se ha aplicado la PPO
"La certeza de qué está sucediendo en la aplicación no lo podemos demostrar", advirtió.
Finalmente, aclaró que el debate entre los distintos ministros de la Corte es en qué medida ese alcance de obligación internacional es suficiente para generar un criterio de inaplicar un texto constitucional.
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