Tres de cada cinco personas en prisión preventiva, llegaron a la cárcel de forma automática, sin que se analizara si representan un riesgo, de acuerdo con México Evalúa.
En entrevista con El Heraldo de México, Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de esta organización, señaló que esta cifra se eleva a nueve de cada diez en entidades como Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz.
La prisión preventiva de oficio se impone cuando el delito es parte de una lista que establece esta medida cautelar.
“No se está haciendo un análisis de los riesgos procesales caso por caso, sino que es más fácil acusar a través de delitos susceptibles de prisión automática, y, por tanto, la gran mayoría de a quienes se priva de la libertad se van por esa vía, prisión oficiosa”, dijo.
De acuerdo con Rosales, estas entidades no sólo hacen mayor uso de la figura, sino que si a las fiscalías se les deja decidir si la medida será de carácter oficioso o justificado, prefieren la primera, que es en automático, porque la otra debe argumentarse.
Agregó que la prisión preventiva oficiosa no debe existir, pues el sistema penal acusatorio tiene una lista de medidas cautelares para asegurar que los procesos se lleven de manera efectiva.
Aseguró que, en 90 por ciento de los casos con medidas en libertad, se concluyen los procesos penales sin problema.
En el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que se discute hoy, se señala que la prisión preventiva oficiosa no debe aplicarse debido a los efectos perjudiciales para personas que enfrentan la medida y para el sistema de justicia.
El integrante del máximo tribunal calificó como “alarmante” el número de personas en prisión preventiva, es decir, sin condena penal.
PAL