El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que aprobó, a finales de mayo, el Congreso capitalino.
Así lo informó, el consejero electoral capitalino, Ernesto Ramos quien dijo que buscan defender la autonomía de la institución y la protección de derechos de la ciudadanía.
Y es que esta legislación aprobada por el órgano legislativo obliga al IECM a recortar cinco áreas técnicas que son: la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad de Derechos Humanos y Género, el Centro de Formación y Desarrollo, la Unidad de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Centros Desconcentrados.
El documento consta de 102 hojas, fue presentado la tarde de este miércoles y está firmado por el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IECM, Gustavo Uribe Robles.
Ahí solicitan a la SCJN como medida cautelar la suspensión de esta reforma; puesto que parte “desde la perspectiva de evitar que se cause un daño trascendente e irreparable a este Instituto Electoral”.
Además de que de conserve la materia del presente juicio, “se producirían afectaciones inminentes a la esfera de atribuciones, funciones y competencias de este Instituto (autonomía e independencia), así como en la esfera jurídica de su personal (derecho al trabajo), entre otras”.
“La reforma tiene como fin que el IECM no ejerza plenamente su autonomía autoorganizativa, tampoco permite que el IECM ejerza sus facultades de independencia a plenitud, pues la reestructuración y el traslado de funciones, conforme a lo señalado en la exposición de motivos del dictamen, implica un recorte de aproximadamente 105 plazas del servicio público, a partir de la falsa premisa del ahorro presupuestal”, destacan los consejeros en su argumentación.
Finalmente, explicaron que la “reforma incorpora nuevos principios a la autonomía de funcionamiento e independencia en decisiones del IECM (racionalidad, austeridad, encacla, enciencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público), los cuales no están considerados ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ciudad de México“.
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