La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a la Presidencia de la República bajar de los canales del Gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un plazo máximo de seis horas, la conferencia del 7 de marzo en la que se presumieron logros en el programa de fertilizantes.
Durante la sesión extraordinaria de este lunes, la instancia electoral resolvió la queja presentada por el PAN y el PRD contra el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos y del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, quienes durante la conferencia matutina referida dieron avances del programa en materia de fertilizantes durante periodo prohibido por el proceso de revocación de mandato.
La instancia consideró procedentes las medidas cautelares y dio un plazo de seis horas para que la Presidencia de la República baje la conferencia de prensa ya mencionada.
Los consejeros electorales, llamaron a los actores políticos y servidores a respetar la veda electoral, señalaron que las medidas cautelares son para prevenir que se afecte un proceso democrático en marcha como es la revocación de mandato.
“Hoy, podemos nosotros emitir, no nos cansaremos de cumplir con nuestra función, una y otra medida cautelar y podrá surgir un funcionario y otro, y otro, desafiando las leyes vigentes y la Constitución, además de las responsabilidades que en todo caso corresponderá al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, imponer a los funcionarios que no están atendiendo lo que dice la Constitución y la ley, puede haber entonces, un daño a la credibilidad y a la legalidad del propio proceso de revocación infringido por los servidores públicos”, señaló el consejero Ciro Murayama.
Añadió que al ser tan reiteradas las violaciones a la Constitución por parte de servidores públicos no se afecta al INE, sino a los ciudadanos, por ello confió en que, desde el gobierno, no se siga dañando la revocación, porque advirtió que pueden dañar la participación en la consulta.
“Lo que estamos viendo es, hoy por un funcionario, mañana por otro de gobierno y varios del gobierno federal y del partido en el gobierno, quienes están poniendo en riesgo la legalidad de la revocación de mandato y afectando con ello, los derechos de la ciudadanía, porque la ley trata de regular un ejercicio de participación democrática donde la voz cantante y la libertad está en manos de los ciudadanos”, recalcó.
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