El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, el dictamen por el cual se modifica el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, en el cual se deja establecido que aumentan las penas de 2 a 10 años de prisión y de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización, a quien de forma ilegal o con dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.
Durante la sesión ordinaria, los diputados y diputadas de los partidos políticos representantes en el órgano legislativo también dieron su aval para adicionar un segundo párrafo al citado artículo para sancionar con la misma pena a quien almacene materias primas forestales de forma ilegal con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico.
El dictamen aprobado por los diversos grupos parlamentario refiere a que se aumentará la multa hasta por 5 mil Unidades de Medida y Actualización, cuando una o más de las conductas contempladas en el artículo de referencia sea cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica.
Con la aprobación de este dictamen se da un paso más en contra de la tala ilegal, actividad ilícita que no solo compromete la salvaguarda de los valiosos recursos naturales, sino que también provoca hechos delictivos por parte de las personas que tienen en esto una actividad económica, amedrentando la seguridad ciudadana, lo cual debe ser evitado a toda costa, afirmó el diputado del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor.
Cometido por mafias organizadas
El legislador señaló que el reto contra la tala ilegal es grande y complejo, debido a las formas en que este delito se comete y a que las mafias organizadas actúan en la clandestinidad para evitar ser detectados.
“Como miembros del poder legislativo, debemos contribuir con una normatividad que impacte significativamente en la disminución de los delitos que atentan directamente contra los recursos forestales”, aseveró.
Durante la sesión ordinaria, también se aprobó el dictamen por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, relativo a la suspensión del derecho del servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, presentada por el diputado Octavio Rivero.
Con ello buscar evitar conductas reiterativas por parte de elementos o ex elementos de corporaciones de seguridad, en perjuicio de la ciudadanía, dijo el legislador de Morena.
Rivero Villaseñor expuso que con la aprobación de este dictamen se lograría la armonización de la legislación penal vigente, lo que resultaría un avance sustancial de las herramientas legislativas que debemos proporcionar a los operadores jurídicos en aras de garantizar una mejor administración y procuración de justicia de esta ciudad.
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