El ministro presidente Arturo Zaldívar confió en que la Fiscalía General de la República actuará conforme a derecho en la denuncia que presentó el gobierno federal contra el juez que absolvió a 120 personas investigadas por el caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, el presidente del máximo tribunal insistió en que un tribunal colegiado determinó en 2018 que los procesados fueron torturados y los jueces están obligados a seguir esa sentencia.
“Yo ya establecí mi criterio de que me parece que hay que tener en cuenta que hay una sentencia de un tribunal colegiado que están obligados a seguir todos los jueces federales donde, entre otras cosas, se dijo que todas las víctimas, bueno los procesados habían sido torturados, que los testigos habían sido torturados, que los peritajes no eran imparciales, incluso se dice en esa sentencia que todo lo que hizo la Procuraduría estaba viciado, porque al Procurador lo nombraba el Presidente de la República, entonces ante ese escenario, sin prejuzgar sobre la sentencia del juez –que no conozco– me parece que el juez lo que hizo fue acatar ese mandato.
“Ahora la denuncia penal no la conozco, yo tengo confianza en que la Fiscalía General de la República actuará conforme a derecho y que se resolverá y aclarará cualquier situación”, dijo.
Aseguró que desconoce si se inició carpeta de investigación contra el juzgador.
Turnan impugnación sobre militarización
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, confirmó que la acción de inconstitucionalidad que impugna la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional llegó al máximo tribunal y fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La demanda fue presentada por senadores de oposición y, al ser cuestionado si ya se admitió a trámite, Zaldívar señaló que eso lo decide González Alcántara Carrancá y desconoce si ya emitió un acuerdo al respecto.
“Le tocó al ministro Juan Luis González Alcántara… está asignada a él no sé como esté, si ya habrá dictado algún acuerdo, no lo sé, eso ya es responsabilidad de la ponencia del señor ministro”, indicó.
Organizaciones de la sociedad civil han presentado más de 50 amparos contra el decreto para transferir el control operativo y administrativo de la corporación a la Sedena y la semana pasada una jueza de Guanajuato concedió una suspensión provisional que fue revocada por un tribunal federal.
El próximo viernes se realizará la audiencia para definir si se concede o no la suspensión definitiva.
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dhfm