La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) calificó de una “violación a la libertad de expresión” la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) que determina que tres ministros de culto, entre ellos el cardenal Carlos Aguiar Retes, hicieron propaganda electoral prohibida contra Morena en el proceso electoral 2021, y que ordena a la Secretaría de Gobernación (Segob) imponer la sanción correspondiente.
El posicionamiento de la Iglesia católica se dio a través de un comunicado y un video en el que aparece el secretario general de la CEM, el obispo Ramón Castro Castro, en el que también piden a la Segob resolver lo dictado por el Tribunal “de manera legal, justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos”.
La resolución del Tribunal, además de ir contra el también arzobispo Primado de México, Aguiar Retes, pide sanciones para el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y para el sacerdote Mario Ángel Flores Ramos.
“La Iglesia, y quienes la integramos como ministros y ciudadanos, respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país. No obstante, no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático: la libertad de expresión”, dijo el obispo.
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En el video, el vocero de la Iglesia, Ramón Castro se refiere a un cuarto ministro de culto, al obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, entre los que, según el Tribunal, “trasgredieron los principios de separación Iglesia-Estado”. Sin embargo, en este último caso no se ordenó sanción porque los magistrados consideraron que el mensaje del religioso “fue ambigüo” y no conlleva proselitismo electoral.
“Ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico, sino que en ejercicio de su libertad de expresión hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país”, agregó Castro Castro.
La CEM también consideró que “en un estado democrático moderno este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales”.
Finalmente, se expone que el Episcopado Mexicano tiene plena confianza en que la Secretaría de Gobernación, autoridad a la que se remitió el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones, determinará lo que corresponda de manera legal, justa y en pleno respeto a los ministros de culto y ciudadanos mexicanos.
“Asimismo, tenemos la certeza de que el gobierno de la República sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la Iglesia Católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre Iglesia y el Estado”, aseguró el secretario general.
También recordó que en este año se celebra el trigésimo aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambas instancias.
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