SAN LUIS POTOSÍ

Organización Civil obtiene primera sentencia en México que obliga a cumplir la Alerta de Violencia de Género

Seis municipios y el gobierno estatal estarán obligados a informar al Poder Judicial

NACIONAL

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Raquel Charqueño, coordinadora del Área de Litigio de 'Renace', dio a conocer el amparo. Foto: Especial

La organización civil Renace con el acompañamiento de activistas y defensoras de los derechos de las mujeres dieron a conocer que obtuvieron sentencia a su favor en el Juicio de Amparo 1126/2019-IV en el Juzgado Octavo de Distrito, con la que el cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) y la rendición de cuentas por parte del gobierno estatal y los seis municipios potosinos donde se aplica desde el 2017 es obligatoria, de lo contrario los funcionarios involucrados podrían ser destituidos.

La coordinadora del Área de Litigio de Renace, Raquel Charqueño destacó que se trata de la primera sentencia al respecto en México en contra de la inacción del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES), de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), así como de las autoridades municipales de Ciudad Valles, Tamazunchale, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Tamuín, quienes tienen diez días para notificar si impugnan la sentencia o la aceptan en todos sus términos.

Explicó que con esta sentencia el Poder Judicial de la Federación vigilará el cumplimiento de la AVG en San Luis Potosí porque establece que no se ha cumplido con la Declaratoria; el gobierno estatal y los seis municipales deberán establecer un plan de trabajo y cronograma de actividades para informar de manera periódica y continua al juzgado federal las medidas adoptadas, “se convierte en un precedente a nivel nacional, es decir que en otros estados donde se estén declarando alertas de género y se vean estas omisiones, pueden acudir a tribunales”, indicó.

Añadió que en caso de que los involucrados incumplan la sentencia pueden ser destituidos los funcionarios e iniciarse procedimientos penales.

De acuerdo con la sentencia, durante cuatro años en San Luis Potosí se ha incumplido con la Declaratoria de la AVG y tras ese periodo persiste la inexistencia de un protocolo para la tramitación y aplicación de las órdenes de protección para las mujeres en situación de violencia en el estado; no se ha emitido el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva ni de las carpetas de investigación para sugerir diligencias que ayuden al esclarecimiento de los feminicidios u homicidios dolosos en contra de mujeres en los últimos ocho años; no se ha establecido un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres, para las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Al respecto, el presidente de Renace, José Mario de la Garza Marroquín estableció que la sentencia se deba analizar desde el punto de vista propositivo, de participación de poderes y de la sociedad civil, para se convierta en un instrumento a las autoridades estatal y municipales entrantes, para que a partir de ahí construyan las políticas públicas que se requieren con el aval del Poder Judicial, “tiene una gran oportunidad esta sentencia de convertirse un mecanismo que permita desarrollar bien la Alerta de Género, pagar esta deuda que como sociedad se ha generado en contra de las miles de mujeres que ha sido violentadas y que sea el Poder Judicial el que intervenga en la rendición de cuentas”, subrayó.

Cabe hacer mención que las organizaciones y colectivas que acompañaron a Renace en el litigio fueron Celia Valdivieso, del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”; Mariana Prieto, de Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC) y Sarah Serna, de la unidad de Postgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).