El martes 7 de septiembre del 2021, México hizo historia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se colocó el pañuelo verde y, tras un voto unánime, declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto consentido en el Código Penal de Coahuila, estableciendo un nuevo precedente a los jueces penales del país. Con argumentos que reconocieron el derecho a decidir sobre las personas gestantes, la sexualidad de las mujeres y la maternidad como un aspecto voluntario, hoy, después de varios años de exigencias, las mujeres y personas gestantes mexicanes no pueden ser arrestades por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, nuestra lucha todavía no termina. A pesar de que se haya despenalizado el aborto, el hecho que deje de ser un delito no implica que el Estado esté obligado a proveer los servicios indicados que permitan la práctica médica necesaria para interrumpir el embarazo. En otras palabras, despenalizar no supone legalizar, pues el fallo no obliga a los estados mexicanos a reconocer el derecho de la mujer y de las personas gestantes a acceder al aborto. De ahí que, la despenalización no parece del todo efectiva ya que no supone el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas con capacidad de embarazarse y, además, perpetúa la desigualdad en ese sector poblacional.
El aborto no sólo debe de entenderse desde una perspectiva de libertad, sino también desde una de privilegio. En efecto, las personas con bajos recursos seguirán sin poder recurrir al sistema de sanidad público, de manera que, persistirá el tránsito en aquellas “clínicas” que no poseen las condiciones sanitarias necesarias, ni tampoco el conocimiento médico imprescindible para su realización, poniendo en riesgo su propia vida.
No obstante, no podemos negar que se ha dado un gran paso hacia la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente en un país que es considerado como la segunda nación católica más grande del mundo. La despenalización no sólo supone un precedente que podría eventualmente llevar a la legalización del aborto, sino que también marcará la agenda para toda la región latinoamericana, como bien lo mencionó Melissa Ayala, coordinadora de litigios de la organización feminista mexicana GIRE.
Asimismo, aunque la resolución se haya limitado a la inconstitucionalidad de la penalización del embarazo interrumpido, las declaraciones de los ministros y las ministras de la SCJN nos dejan entrever que la legalización del aborto será una realidad para la sociedad mexicana más pronto que tarde. La ministra Piña expresó que “el Estado no sólo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, sino que además debe de garantizar las condiciones mínimas para que ello sea posible”.
Por lo tanto, hoy festejamos. Hoy reconocemos los frutos de la larga batalla de nuestras hermanas y hermanes feministas por conquistar sus derechos y libertades y que, de no haber sido por elles, el debate probablemente no hubiera llegado hasta la Primera Sala. La lucha sigue, pero ahora se suma la esperanza. ¡Será ley!
mgm