El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se reunió este miércoles con científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delitos patrimoniales en contra del erario público.
El encuentro se realizó a petición de los académicos y el ministro presidente recibió en su oficina a un grupo representativo de científicos, ex funcionarios del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, informó la SCJN.
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La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado en dos ocasiones a un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, orden de aprehensión contra 31 científicos por los delitos de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la primera solicitud de los mandamientos judiciales, la FGR señaló que los académicos deben estar en una cárcel de máxima seguridad porque, por su capacidad económica, pueden cometer actos de corrupción en prisiones de mediana y baja seguridad.
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“En primer lugar debe señalarse el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o, incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión...
"Sin dejar de lado que también podría ser esta capacidad económica un riesgo propio para los imputados, puesto que el estar sujetos a una medida cautelar internos en un centro penitenciario de baja seguridad podría poner en peligro su vida e integridad física, ya que las terceras personas, que se vean afectadas de forma directa o indirecta en el desarrollo del proceso penal, podrían valerse de esta mediana o baja seguridad del lugar de reclusión para atentar contra la vida de los imputados, en aras de que no se les relaciones en los hechos, buscando con esto sustraerse de la acción de justicia”, indicó la FGR.
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